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Actualidad

Contraloría reveló retrasos por un monto de $2.509 millones en pago de víctimas

Auditoría estableció inexistencia del procedimiento para acceder a indemnización administrativa en pagos pendientes en 2018

26 de febrero de 2020

Daniel Rojas Castañeda


Canal de noticias de Asuntos Legales

Según los hallazgos fiscales entregados por la Contraloría General de la Nación se reveló que hubo retrasos de $2.509 millones a 31 de diciembre de 2018 en materia de indemnizaciones administrativas a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Una auditoría llevada a cabo por la Contraloría General de la República a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), donde descubrió tres hallazgos fiscales por $2.509 millones de pesos, en retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas; una pobre cobertura del programa de Reparación Colectiva y una inoportuna reparación de las comunidades étnicas.

LOS CONTRASTES

  • Juan Francisco SotoJuristas y profesor de facultad de Jurisprudencia dela U. Rosario

    “Sus hallazgos dan cuenta de lo que diversas organizaciones sociales y víctimas han denunciado, que existen serias falencias y barreras en la protección efectiva de sus derechos por parte de las entidades”.

El resultado de la auditoría también encontró ocho presuntas incidencias disciplinarias y otra que será trasladada a la Corte Constitucional.

En la auditoría se estableció la inexistencia del procedimiento para acceder a la indemnización administrativa de 1.140.145 pagos que estuvieron pendientes por realizar a 31 de diciembre de 2018.

Actualmente, hay registrados en la Red Nacional de Información de 8.944.137 víctimas y el Gobierno ha reparado a 986.961 víctimas con $6,1 billones. Eso durante los ocho años que entró en vigencia la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras. Un proyecto que buscaba dignificar, reconocer, atender, asistir y reparar a las víctimas del conflicto armado desde 1985.

El grave incumplimiento de la orden judicial que expidió la Corte Constitucional prevista en el artículo 7 del Auto 206 de 2017, indicó: “ordenar al director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, reglamente el procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa”.

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