Corte le pidió a la Unidad Nacional de Protección agilizar procesos
El caso de un defensor de Derechos Humanos tardó alrededor de cuatro meses
10 de julio de 2018
La Corte Constitucional le ordenó a la Unidad Nacional de Protección tramitar las solicitudes de líderes sociales y defensores de los derechos humanos sin ningún tipo de dilación.
Esto ocurrió luego de que la Corte conociera el caso de un defensor de derechos humanos en Cesar, cuyo estudio de riesgo se demoro más de cuatro meses y se efectúo solo hasta que el afectado entuteló.
La Corte Constitucional afirmó que “lo expuesto demuestra una tardanza de casi cuatro meses entre el momento en que el accionante elevó su solicitud y el momento en que la UNP realizó la entrevista en la cual firmó el consentimiento para el estudio del nivel de riesgo; consentimiento que, según informó la UNP, implicaría el inicio del plazo de 30 días hábiles destinados tan solo para la etapa de evaluación de riesgo y recomendación de medidas por parte del Grupo de Valoración Preliminar GVP. De modo que, la UNP tardó seis meses para dar respuesta definitiva a la solicitud del demandante”.
La Sala Quinta determinó que la víctima de desplazamiento forzado y que hace presencia en una antigua zona veredal transitoria se demoró mucho tiempo en el proceso.
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