Demandas a entidades nacionales por vías en mal estado ascienden a $2,38 billones

El mal estado de las vías y la falta de señalización son problemáticas recurrentes en la mayoría de regiones del país, y no es inusual escuchar quejas de personas que, por tratar de esquivar un hueco, terminan provocando accidentes de tránsito.

Según información suministrada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con corte al 31 de marzo de 2022, había registrados en el sistema un total de 3.326 procesos contra entidades del orden nacional, como el Instituto Nacional de Vías (Invías), relacionados con accidentes causados por vías en mal estado y falta de señalización en estas.

De ese total, reportó la entidad, 1.460 se encuentran activos, es decir, sin un fallo oficial, y sumados tienen unas pretensiones de aproximadamente $2,38 billones. Asimismo, 1.686 procesos se encuentran en estado “terminado”.

De los 1.398 procesos terminados por la “actuación procesal ejecutoria de la sentencia”, 976, que tenían pretensiones por $1,o3 billones, tuvieron fallo favorable; en otras palabras, las entidades ganaron el pleito y no tuvieron que indemnizar a los demandantes. Esto representa una tasa de éxito de 69,8% por parte del Estado.

Entre los 422 procesos que tuvieron fallo desfavorable, es decir, en los que las entidades tuvieron la responsabilidad del siniestro, en 235 demandas se registraron condenas por $45.909 millones, lo que implica que el Estado debe pagar, en promedio, $184 millones por cada demanda en la que fue condenado.

Adriana Guillén, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, explicó que, en su momento, la entidad logró incluir en la ley el establecimiento de un tope en los montos para indemnizaciones de este tipo.

“Si sucede un accidente en una aerolínea comercial privada, la ley establece un tope razonable y nada despreciable de indemnización a la vida de una persona. Pero si mismo el accidente ocurre en una aerolínea pública el monto de indemnización no tiene límite alguno y termina estando al arbitrio del juez”, dijo a manera de ejemplo para ilustrar su punto.

En cuanto a las entidades del orden nacional más demandadas, lidera el Invías, que tiene 1.074 procesos activos. Le siguen el Ministerio de Transporte, con 517; la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con 503; Previsora S.A., con 472; y la Policía Nacional, con 94.

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En cuanto a las pretensiones económicas de las demandas activas, la lista de entidades mantiene su orden; aquellas contra el Invías ascienden a $1,89 billones; las de MinTransporte llegan a $1,25 billones; los procesos contra la ANI suman $938.709; aquellos contra Previsora S.A. ascienden a $384.220; y cierra el top cinco la Policía Nacional que tiene procesos por $243.217 millones.

Ahora, como ya se explicó, esto no quiere decir que el Estado esté obligado a pagar tales cuantías, pues no siempre la Nación (o en este caso las entidades) es encontrada culpable o responsable por la justicia y, por ende, no tiene que indemnizar.

Pero, ¿cómo funcionan las demandas contra las entidades por el mal estado de la vía o falta de señalización?

Según Jimmy Jiménez, director de Integrity Legal, los ciudadanos tienen varios caminos para tramitar sus demandas por los perjuicios ocasionados. “Lo primero es preparar las pruebas, que deben ser recolectadas en debida forma; establecer su procedencia, fecha y hora”. Fotos, vídeos, un dictamen clínico y testigos pueden servir para este fin.

El abogado también aclaró que, antes de instaurar cualquiera de estos procesos, es importante establecer a qué entidad le correspondía el mantenimiento vial donde se dio el percance.

Entre las causas por las que más demandan a las entidades nacionales, encabeza el listado la muerte por falta de señalización en vía pública, que representa 267 procesos activos con pretensiones por $786.288 millones. Le siguen los daños causados por vía en mal estado, que aportan 288 procesos en curso con pretensiones por $438.228 millones.

La lista la completan los accidentes que causan muerte debido al mal estado de la vía pública, con 219 reclamaciones por $345.857 millones; daños causados por falta de señalización en la vía pública, con 184 procesos por $290.211 millones; y los accidentes que provocan daños a bienes por vía pública en mal estado, que cierra con 136 casos en curso y pretensiones por $179.805 millones.

Sobre los tiempos, Guillén aclaró que los procesos por responsabilidad civil extracontractual son demorados. “Pueden tardar hasta 10 años”, dijo, agregando que muchas personas demandan esperando que el proceso se demore todo ese tiempo para poder solicitar la indexación de los montos de las condenas.