Dos exgerentes de Triple A fueron inhabilitados por 12 y 6 años

La Procuraduría General de la Nación sancionó con doce años de inhabilidad para ejercer cargos públicos y una multa de $33.000 millones a Ramón Navarro Pereira, quien fungió como gerente general de la empresa Triple A.

La determinación también fue en contra de Julia Margarita Serrano, pero por seis años de inhabilidad y una multa superior a los $2.100 millones. Quien resultó absuelto fue Ramón Hemmer Redondo, también exgerente de la entidad.

Los tres exgerentes de Triple A fueron procesados por el Ministerio Público por las irregularidades que se presentaron en la ejecución del contrato de asistencia técnica suscrito entre Interamericana de Aguas y Servicios S.A (Inassa) y la Sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A E.S.P.

En este caso, la Procuraduría estableció que Triple A desde el año 2000 venía pagando a Inassa una remuneración derivada de dicho contrato, que mensualmente era en promedio de $1.600 millones, lo que anualmente representaba una remuneración aproximada de $19.600 millones, lo que significa que durante la vigencia del contrato el pago superó los $237.000 millones, equivalentes a un poco más de US$80 millones.

El pasado 8 de septiembre una comisión disciplinaria interna, creada para investigar hechos de corrupción relacionados con Triple A, inició indagación preliminar sobre el contrato de asistencia técnica suscrito el 31 de marzo de 2000, por Luis Nicolella De Caro, en representación de Inassa, y Francisco Olmos Fernández, de Triple A.

El Ministerio Público estableció que el objeto del contrato consistió en “la prestación de asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”, servicios por los cuales la Triple A remuneraría a Inassa mensualmente con el 4,5 % del recaudo que por concepto de servicios ingresaban al patrimonio de la sociedad, en la que el Distrito de Barranquilla tiene el 14,5 % del capital social.

En ese sentido, el ente de control revisó la contabilidad de las empresas involucradas en la ejecución del contrato que reposaban en Triple A y no encontró soportes ni evidencias que acreditaran que dicha asistencia técnica se estuviere prestando.

Ante estas “gravísima” evidencias el Ministerio Público solicitó a Triple A, el pasado 30 de octubre, la suspensión de la ejecución del contrato de asistencia técnica, lo que evitó que desde noviembre se hiciera un giro a Inassa de $4.800 millones.

La Procuraduría formuló cargos a los implicados por haber permitido que Inassa se apropiara de recursos de propiedad del Distrito de Barranquilla, al autorizar que con dineros sobre los cuales la entidad territorial tenía derechos accionarios del 14,5 %, se efectuaran pagos remuneratorios de una presunta asistencia técnica, pese a que no existe evidencia de la prestación de los servicios objeto del contrato.

La falta imputada a los representantes legales de Triple A consiste en “apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”, la cual fue calificada como gravísima a título de dolo para Navarro Pereira y Serrano Monsalvo.