"Durante el 2020, el presupuesto para la Justicia Transicional fue de $503.000 millones"
Emilio Archila habló de la política pública de "Paz con Legalidad", de los aportes del gobierno a la justicia transitoria y su ayuda a la JEP
20 de septiembre de 2021Durante el foro ‘Movilización Ciudadana: Avances y temas pendientes’, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, aseguró que, durante el 2020, el presupuesto para la Justicia Transicional fue de $503.000 millones, un monto que se ha venido incrementando año a año aun en pandemia.
Según Archila, la primera política pública que se expidió por parte del Gobierno Duque fue “Paz con Legalidad”, que busca el cumplimiento de una directriz de la Corte Constitucional, la cual ordena que se debe implementar durante tres administraciones en consonancia con el resto de sus políticas.
Esto implica abordar los temas de garantías jurídicas y políticas para el proceso en materia de víctimas, de reincorporación, de sustitución voluntaria de cultivos, de los planes de desarrollo con enfoque territorial, de género y étnicos. “Hemos tenido una manifestación política en múltiples escenarios y con cada uno de los actores para que tengan claro que vamos cumpliendo”, destacó el consejero.
Para ello, el consejero afirma que se produce un reporte diario, semanal y uno mensual en cada uno de los temas mencionados teniendo en cuenta el acumulado. “En esa mesa del 2019 se preguntaba sobre el apoyo del Gobierno a los tres componentes de la Justicia Transicional”, señaló.
Asimismo, aseguró que se ha garantizado la independencia, puesto que no hay interferencia de parte del Gobierno respecto de las actuaciones de la JEP, en la Comisión de la Verdad o en la Misión para la Búsqueda de los Desaparecidos.
“Yo trabajo cercanamente con los tres, dándole a la JEP los aportes conceptuales y de lineamientos para el diseño de las sanciones propias. El presidente pidió la extensión del mandato de la misión de verificación para que también comprenda lo correspondiente a las sanciones propias”, aclaró.
Finalmente, agregó que se hizo un acuerdo con el Instituto Kroc para que haya reportes regionales, “lo que ha permitido que con muchas de las observaciones de la Defensoría de Pueblo y la Procuraduría, nos permita atender las peticiones que nos estaban formulando”
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