Durante el año pasado, las demandas de víctimas del Estado llegaron a un monto de $429 billones

Las sentencias y conciliaciones aprobadas para víctimas del Estado han tenido mucha más relevancia en medio de la coyuntura causada por el covid-19. Las demandas contra la Nación han ido ascendiendo anualmente, pues mientras en 2018 había $400 billones en demandas, la misma cifra en 2020 llegó a $429 billones.

Teniendo en cuenta estas cifras, el Gobierno Nacional aseguró que agilizará el pago a los beneficiarios que están en la lista de espera, pues gran parte del dinero ayudará a miles de colombianos a afrontar la emergencia sanitaria. Por esta razón, el Estado se apoyará en el Decreto 642 de 2020, el cual fue creado para la atención de solicitudes y pago de sentencias y conciliaciones que distintas entidades estatales deben a los ciudadanos.

Sin embargo, el panorama del desembolso del dinero de las sentencias y conciliaciones tiene un marcado retraso en los desembolsos. En ese sentido, la Policía Nacional tenía un turno de pago para mayo de 2015; el Ministerio de Defensa debía hacer los desembolsos para mayo de 2015; el pago de la Fiscalía General de la Nación estaba dividido en marzo de 2014 para sentencias y junio del mismo año para conciliaciones.

La Rama Judicial y el Inpec también reportaron retrasos pues los desembolsos debían darse en el segundo semestre de 2017 y el último trimestre de 2017, respectivamente. Por esta razón, y en todos los casos, sin importar el año en que hayan sido aprobadas, los beneficiarios de las sentencias y conciliaciones “tienen la oportunidad de acogerse a la modalidad de compra de sentencias que les ofrece compañías como Conactivos, si tienen un valor superior a $50 millones”, afirmó la empresa en un comunicado.

Esta modalidad ofrecerá la posibilidad de reducir los años de espera a un periodo de uno a cuatro meses, aunque dependerá de la entidad. Otros beneficios que anunció la empresa fue la posibilidad de poseer el recurso económico en un menor tiempo, además de obtener la liquidez en el momento en que se necesite.

También se finalizará un prolongado proceso judicial y los trámites que puedan resultar engorrosos para los ciudadanos. Conactivos afirmó que los procesos del contencioso administrativo no laboral alcanza el monto de $364,7 billones y las reparaciones directivas ascienden a $140,1 billones.

En cuanto a los departamentos donde más demandas hay, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca lideran el podio de las solicitudes. Por otro lado, se encuentra el valor de las pretensiones, en las cuales Cundinamarca Sucre, Bolívar y Valle del Cauca son los departamentos con los montos más cuantiosos.

Como dato final, Conactivos afirmó que las entidades más demandas por del número de procesos con reparaciones directas son la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional. Las tres entidades mencionadas también lideran el ranking de las pretensiones establecidas en las demandas.