El camino que tendría que transitar la propuesta de Petro de eliminar la Procuraduría

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Una de las propuestas más controvertidas del presidente electo Gustavo Petro es la disolución de la Procuraduría General de la Nación, encabezada hoy por Margarita Cabello. Entre las razones dadas por el mandatario próximo y respaldada por excandidatos a la presidencia como Juan Manuel Galán, es el desperdicio de recursos en una entidad más bien burocrática.

El presidente Petro afirmó que la propuesta no salió de la nada y que, en cambio, la idea se alinea con las recomendaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. De este modo, la hoy Procuraduría pasaría a ser una rama de la Fiscalía. Su rumbo será discutida en el Congreso a través de ocho debates y una reforma constitucional.

Al respecto, el diario Portafolio entrevistó a Gabriel Dereix, docente de la facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad del Politécnico Grancolombiano, para conocer su opinión al respecto. El académico afirmó que en caso de que se quiera 'sacar adelante' la iniciativa, esta se debe adelantar a través del congreso o a través de un referendo constitucional.

Dereix también aclaró el camino que debería recorrer la propuesta se conoce como un 'test de sustitución', el cual debe adelantar la Corte Constitucional y debe cumplir con seis 'pasos'.

En primer lugar se debe hacer un juicio sobre la competencia del órgano encargado de adelantar la reforma. Después de esto, afirmó, "se requiere enunciar los aspectos definitorios de la identidad de la Constitución que se supone han sido sustituidos por el acto reformatorio", para luego demostrar un enunciado específico, así como con un "elemento definitorio y configurado en la Constitución Política colombiana" y, resulta importante, que el examen del acto acusado establezca cuál es el alcance jurídico respecto a los elementos definitorios que identifican la Constitución.

Por último, también es necesario "contrastar las premisas citadas con el criterio de juzgamiento que la Corte señala". Y como último paso, se debe verificarse si la reforma reemplaza un elemento definitorio que identifica la Constitución por otro integralmente diferente.

Pero Dereix también recalcó que si lo que se pretende es acabar con la institución, la situación es diferente. Allí, "sería necesario acudir a lo preceptuado en la sentencia C-551 de 2003, ya que al Congreso le está prohibido sustituir la Constitución, pues su competencia únicamente le permite reformarla. El único autorizado para reemplazar la Constitución es el pueblo, el verdadero poder constituyente”.