El CE confirma que el Consejo Nacional Electoral sí puede investigar a Gustavo Petro

La Corte Constitucional reiteró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es competente para investigar la campaña electoral de Gustavo Petro.

La conclusión llegó al resolver un conflicto de jurisdicciones elevado por el Juzgado 21 Administrativo y 29 Civil, ambos de Bogotá, que recibieron una acción popular de la oenegé Militares, Policías, Familias, Amigos, Honor, Juntos por Colombia (Mipofaamcol).

Mipofaamcol elevó un recurso jurídico para investigar presuntas irregularidades en la campaña que llevó a Petro a ganar las elecciones de 2022 con más de 11 millones de votos y luego emitir una sentencia sobre una violación de los topes de financiación.

El Juzgado 21 Administrativo aseguró que podía responder a la acción popular porque la campaña presidencial habría incurrido en un hecho generador de una presunta vulneración de derechos, mientras que el 29 civil resaltó la competencia del Consejo Electoral.

Como el proceso se trabó a través del conflicto de jurisdicciones, la Corte constitucional tuvo que intervenir. Su determinación fue que el CNE tiene competencia "preferente" para investigar las alegadas irregularidades en la campaña.

A esto se suma el pronunciamiento de las últimas horas en el sentido de lo que dijo el Consejo de Estado, que determinó que Petro sí puede ser investigado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta financiación irregular de su campaña, aunque aclaró en el fallo que no puede tocar su investidura.

En un fallo de seis páginas, el alto tribunal explicó que el CNE puede iniciar únicamente investigaciones administrativas sobre posibles violaciones de la campaña del Jefe de Estado; pero fue claro en decir que no puede sacarlo del cargo, porque esa es competencia del Congreso. Y en este caso de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La decisión respalda la investigación que adelanta el CNE en contra del primer mandatario por la posible violación de os topes electorales en la campaña que lo llevó a la presidencia, y que hace unos días arrojó una ponencia para abrir pliego de cargos en su contra y sobre altos funcionarios de la campaña presidencial.

La indagación incluye al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña, además de los auditores María Lucy Sotto y Juan Carlos Lemus.

Fue así como los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz señalaron en su ponencia de apertura de investigación, que para la primera vuelta pudieron evidenciar mediante pruebas la violación de los topes de la campaña en $3.709 millones.

Mientras que para la segunda vuelta se habrían dejado de reportar al menos $1.646 millones, lo que llevaría a un gran total de $5.355 millones, de acuerdo con la ponencia.

Entre las cuentas están el aporte de $500 millones que hizo en su momento la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).