El Consejo de Estado dictaminó que la adición al presupuesto del Icetex por $660 millones fue legal

El Consejo de Estado dictaminó que la incorporación de $660 millones al presupuesto del Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior (Icetex) para garantizar un plan de auxilios educativos en medio de la pandemia fue legal.

El fallo revela que el presupuesto suministrado a la entidad fue declarado como ajustado a derecho. Los recursos provienen de un fondo de incentivos a la excelencia del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) que estaba inactivo.
Esta decisión se tomó debido al control automático de legalidad que el Icetex llevó a cabo durante la incorporación presupuestal que estará orientada a atender las necesidades inmediatas de los estudiantes y las familias que quieran solicitar un crédito por primera vez.

El Consejo de Estado añadió que el movimiento financiero se trató de un acto administrativo de carácter general que se realizó bajo el marco de las competencias de la entidad, la cual tiene como objetivo fomentar la educación superior en sectores poblacionales con dificultades económicas. El incentivo, además, está guiado para apoyar a esta facción de la sociedad que ha destacado por sus méritos académicos, lo cual ayudará a su formación como profesionales.

Adicionalmente, el Consejo de Estado ratificó el decreto legislativo con el que el Gobierno reafirmó la necesidad de garantizar alivios a deudores de créditos relacionados a la educación. Dichos apoyos se pensaron en medio de la emergencia social, económica y ecológica decretada por la llegada del covid-19 al país.

También se explicó que el presidente del Icetex debía incorporar al presupuesto de la entidad los recursos que permitiesen ofrecer los alivios autorizados por el Gobierno Nacional; por esta razón, la decisión está conectada con la utilización de saldos de un fondo inactivo del Sena que tiene la función de cumplir con lo estipulado por el Estado.

El Consejo de Estado afirmó que en función de lo anterior el Icetex remitió la resolución número 409 de 2020 para que se ejerciera un control inmediato de legalidad sobre la decisión del fondo financiero. El presidente del instituto también puso al servicio del ente los antecedentes administrativos y recordó el papel de la institución en el sector de la educación, además de reafirmar los objetivos a cumplir en medio de la emergencia.

Los beneficios que Manuel Acevedo Jaramillo, presidente del instituto, puso delante del Consejo para la revisión del marco legal consistieron, en primera medida, en el periodo de gracia en cuotas de crédito vigente. El segundo punto relacionado fue la reducción transitoria de intereses al ICP y créditos vigentes durante la vigencia del estado de emergencia decretado por el Gobierno; asimismo, se dio la ampliación de los plazos en los planes de amortización.

Como última medida, se anunció el otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre de 2020, los cuales pudieron ser solicitados sin la exigencia de un codeudor, como es costumbre. El documento señala que los beneficios “son viabilizados a través de la incorporación de saldos y excedentes de liquidez de las alianzas y fondos inactivos que entidades públicas del orden nacional y territorial tengan con la entidad”.