"Estamos mediando para concretar un diálogo directo entre el Gobierno Nacional y la minga"

El pasado primero de septiembre Carlos Camargo se posesionó, tras una votación en el Congreso, como el nuevo defensor del Pueblo para un periodo de cuatro años. Camargo se estrenó en el cargo con la labor de intermediación que viene desarrollando entre la minga indígena y el Gobierno Nacional y, en entrevista con AL, habló de este y otros retos que tiene en cabeza de la entidad.

¿Qué papel está jugando la Defensoría en la negociación entre la minga y el Gobierno?

La gestión ha sido la de facilitar un entendimiento, proponiendo espacios, tiempos y logística para facilitar el arreglo entre el Consejo Regional Indígena y el Gobierno, para lo que hemos puesto a disposición la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá para concretar un diálogo directo.

¿Puede confirmar que está infiltrada?

Nosotros no tenemos la facultad de hacer dichas investigaciones sobre esos procesos, mucho menos tener esas certezas. Esos son temas que competen a la Fiscalía y a la Fuerza Pública. La tarea de la Defensoría está concentrada en desarmar las estigmatizaciones de las que se benefician los extremistas. Estamos generando las condiciones para construir un diálogo, franco y sostenible.

¿Cuáles son los asuntos a los que les dio prioridad tras haberse posesionado?

Mi gestión se enmarca en lograr que se escuche la voz de las personas vulnerables y en hacer una tarea de mediación constructiva que el país necesita, dos temas que son la verdadera raíz misional de la Defensoría.

Para ello, un primer propósito es repotenciar el sistema de alertas tempranas con tecnología, que nos permita afinar más la acción coordinada del Estado para responder a una ciudadanía cada vez más empoderada e intolerante a la violencia que ha marcado la historia.

¿Cómo hacer para que las alertas tempranas operen de manera más eficiente?

Con tecnología, haciendo posible que análisis de lenguaje en la conversación entre millones de colombianos posibilite, por ejemplo, identificar patrones y anticiparse a procesos antes de que se presenten, para responder con una oferta institucional coordinada. Necesitamos que las alertas sean atendidas con mayor prontitud y seriedad. Hay que concentrarse en el análisis, seguimiento y monitoreo, para que logren su efectividad

¿Qué diagnóstico recibió del país en materia de derechos humanos?

Recibo una Defensoría del Pueblo en medio de la crisis más importante del siglo provocada por la pandemia. Además, un incremento de los cultivos de coca y las luchas entre grupos armados residuales que han dejado numerosos casos de líderes sociales victimizados. En lo corrido del 2020 llevamos un total de 91 homicidios de personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales, cifra escandalosa e inaceptable. Son retos complejos que requieren de una actuación enfocada en región y sobre todo una coordinación eficaz entre las poblaciones alejadas y necesitadas con el centro del país. Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Chocó han sido los focos de esta situación, sin descuidar otras regiones del país.

¿Cuál es el panorama de grupos armados, narcotráfico y minería ilegal?

Hay fortalecimiento y consolidación de los grupos armados residuales, comúnmente conocidas como disidencias de las Farc, en el andén pacífico, la Orinoquía, Amazonía, el noroccidente y nororiente del país, que se encuentran en disputa con otros grupos armados.

El ELN y las autodenominadas AGC o Clan del Golfo, continúan su expansión a territorios que estuvieron bajo el control de las Farc-EP. En el Chocó se registra una confrontación armada entre esas estructuras, con homicidios, accidentes por minas antipersonal, amenazas contra los líderes sociales, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, desplazamientos y confinamientos de las comunidades indígenas y afrocolombianas.

Los grupos armados ilegales se disputan el control de las economías del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión, principalmente en la región pacífica, en el Bajo Cauca Antioqueño, el norte de Antioquia, el sur de Córdoba, el Catatumbo, el Magdalena Medio y las zonas de frontera.

¿Qué piensa hacer frente al problema del hacinamiento carcelario?

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El mes pasado ordené la asignación de defensores públicos en todo el país para implementar el programa especial de asistencia jurídica y revisión de la situación legal de los internos, con el fin de combatir el hacinamiento y mitigar el riesgo de propagación del covid. Implica analizar las hojas de vida de internos para establecer si son beneficiarios de decisiones como libertad, prisión domiciliaria o permisos de 72 horas, respetando la situación legal de cada uno. Los abogados, defensores públicos asignados exclusivamente a esta labor en todo el país, lo realizarán con el Sistema de Información de Sistematización Integral del Inpec.

Usted recibió una entidad modernizada y con una nueva sede, ¿es suficiente o cuáles son las prioridades de inversión?

Tenemos una sede nueva, pero los procesos internos, la atención a la ciudadanía y el manejo de la información están desactualizados, lentísimos e insuficientes. Hay que modernizarlos porque la razón de ser de la Defensoría es el servicio a la ciudadanía. Hoy los ciudadanos no conocen los servicios que se prestan, no saben cuáles son las quejas que se pueden presentar, mucho menos saben el procedimiento o el seguimiento que pueden hacer a sus acercamientos con la Defensoría del Pueblo. Reitero, hay una sede nueva, pero los procesos están desactualizados y sin aplicación de tecnología

¿Está satisfecho con la asignación presupuestal que tiene la entidad? ¿Cómo va a distribuir los recursos?

Vamos a optimizar el presupuesto en proyectos que generen impacto en los colombianos porque esa limitación no nos detendrá en nuestro compromiso con la protección de los derechos de la ciudadanía. La respuesta es simple: trabajo y tecnología.

La Defensoría tiene un programa con el BID de US$18 millones en cinco años, ¿cómo los va a invertir?

La prioridad será aprovechar los avances en inteligencia artificial, análisis de datos y mapeo de terreno humano en sistemas complejos adaptativos para diseñar e implementar el sistema nervioso autónomo más sofisticado del mundo en alertas tempranas y todo esto para la protección de los derechos humanos. La tecnología ya no solo mide opiniones, es capaz de proyectar soluciones que trascienden la polarización y generan alternativas para construir. Esa es la visión que tenemos para el fortalecimiento institucional de la entidad.

¿Cuál será el papel de la Defensoría en la etapa poscovid?

La reactivación implica equilibrios delicados. Por una parte, proteger la salud con medidas de aislamiento social y autoprotección. Por otra, el conjunto de derechos ligados a la actividad económica que se están viendo afectados por las restricciones a la movilidad y al comercio.

Apostamos por una reactivación responsable que vaya en diferentes velocidades, dependiendo del grado de afectación de los municipios. Estaremos atentos a que se respeten los protocolos, apoyando a los municipios para que activen sus sectores económicos, promoviendo el ejercicio del derecho al trabajo y el bienestar social. La Defensoría también tiene un papel en velar porque los planes de vacunación contra el covid-19 lleguen a todos los rincones del país.

El defensor anterior fue denominado “el defensor de las regiones”. Sin ánimo de comparar, ¿piensa desarrollar su labor más desde Bogotá o desde los territorios?

He dicho en varias oportunidades que la Colombia profunda es mi vocación, así lo demostré en mi paso por la Federación Nacional de Departamentos. Vamos a recorrer el territorio nacional para conocer y sentir las verdades raíces de la problemática y poner foco a las soluciones.