El futuro de la JEP después del debate por la Ley Estatutaria

La Sala Plena de la Corte Constitucional se reunió para determinar la viabilidad jurídica de las objeciones a la JEP. Con una votación de u votos a favor de la ponencia y uno en contra, el máximo órgano judicial desestimó las objeciones y le ordenó al presidente sancionar la norma.

En manos del máximo órgano constitucional quedó la decisión sobre el conflicto del quórum decisorio sobre las objeciones en el Senado. El debate en el Tribunal se centró en analizar los impedimentos de los congresistas que no participaron en la deliberación parlamentaria.

El conflicto jurídico se centró en determinar si los 47 votos en contra que tuvieron las objeciones durante la plenaria del Senado del 30 de abril, fueron suficientes para desechar los comentarios de inconveniencia que había emitido el presidente Iván Duque.

Ahora las investigaciones que se adelantan en la JEP deberán contar con un marco regulatorio parcial, mientras el presidente de la República determina que si sanciona o no la ley estatutaria. En caso de que la norma no se sancione, le corresponderá al presidente del Senado, Ernesto Macías.

Desde los sectores de los partidos oficialistas, se escuchan voces que le piden al presidente Duque que decrete un estado de conmoción interior, para regular los temas de extradición en el organismo de justicia transicional.

Sin embrago, el presidente Duque se mostró muy conciliador respecto a la decisión y recalcó que acatará el fallo.

El director del observatorio constitucional de la Universidad Libre, Kenneth Burbano, comentó que “no obstante a la decisión considero que sí es importante resaltar que la Corte debe pronunciarse sobre si las objeciones presentadas por el presidente fueron o no por inconveniencia”.

El exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández opinó que “la aplicación de la Ley Estatutaria no afectaría ningún proceso que se está adelantando en su jurisdicción, debido a que esta norma solo establece puntos para su estructura”.

Por otra parte, la corporación judicial se encuentra con mucha presión por parte de los grupos oficialistas que quieren derogar la institución judicial. El Centro Democrático, en ánimo conciliatorio, ha propuesto reformar los artículos de la estatutaria que versan sobre el narcotráfico. Aunque el Gobierno Duque comparte esta postura, no han logrado generar un pacto con los partidos independientes para sacar el debate adelante.

Los puntos que preocupan a todos los partidos frente al desarrollo de competencias en el tribunal de paz se relacionan con el futuro del narcotráfico y las competencias del alto comisionado para la paz, frente a las listas presentadas por las Farc.

Si el Gobierno quiere sacar adelante estas, deberá iniciar una reforma constitucional que tardaría más de un año en el Congreso.