El impacto económico si se aprueba el aumento de la nómina de la Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación ha salido en defensa del proyecto de ley 423 de 2021 (Senado) y 595 de 2021 (Cámara), mediante el cual se modifica el funcionamiento y la operación de este organismo, cambios que han levantado polémica.

Mientras, por un lado, la procuradora Margarita Cabello defiende lo propuesto y desmiente que la iniciativa le entregue “superpoderes” a la Procuraduría; por el otro, sectores políticos y congresistas no solo cuestionan las nuevas funciones que se le darían al ente, sino que además alertan sobre la alteración de las “facultades extraordinarias” y la “reestructuración de funciones y cargos” en este organismo, lo que daría luz verde, entre otras cosas, al aumento de la nómina en 500 puestos de trabajo.

Sobre este último punto, durante las sesiones conjuntas de las Comisiones Primeras del Congreso, la representante a la Cámara Juanita Goebertus reveló cuál sería el impacto económico si se aprueba este proyecto de ley.

“La Procuraduría cuenta con 4.137 empleados de planta y un presupuesto de gastos de funcionamiento de $724.000 millones. Es decir, son $175 millones por empleado de planta al año. Al aumentar en 500 los empleados de planta, sería un aumento de $87.000 millones anualmente”, explicó Goebertus.

Para entender la magnitud de este costo, la congresista precisó que con esta suma de dinero se podría incluir a 45.600 nuevas familias en el programa social de Ingreso Solidario.

“El proyecto desafortunadamente no desagrega en su motivación cuáles con los cargos ni de qué rangos salariales, por lo que nos toca trabajar con promedios”, indicó Goebertus.

Otra de las críticas que se le hacen al proyecto de ley es que no cuenta con un estudio de viabilidad fiscal para su ejecución, a diferencia de otras iniciativas en las que sí lo han exigido.

Esta normativa daría funciones jurisdiccionales a la Procuraduría para la vigilancia superior de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión o inhabilidad.