El senador Juan Pablo Gallo también guardó silencio en indagatoria sobre la Ungrd

El senador Juan Pablo Gallo Maya, del Partido Liberal, compareció este martes ante la Corte Suprema de Justicia, donde fue citado a indagatoria por su presunta implicación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd. Sin embargo, durante la diligencia, Gallo optó por guardar silencio, siguiendo las recomendaciones de su abogado defensor.

Jesús Albeiro Yepes, el abogado de Gallo, aseguró que su cliente no se autoincriminará, ya que considera que no existen pruebas que respalden las acusaciones en su contra. "Confiamos en que, al analizar los hechos, se confirmará su inocencia", afirmó Yepes al término de la sesión, que tuvo una duración de aproximadamente una hora.

Previo a su ingreso a la Corte, Gallo expresó tener la conciencia tranquila y manifestó su confianza en la justicia. “Tengo seguridad, confianza en Dios y estoy muy seguro de todas mis actuaciones”, dijo el congresista.

Además, reiteró su postura crítica hacia el gobierno de Gustavo Petro, señalando que siempre ha sido un opositor político y que votó en contra de todas las reformas propuestas por la actual administración.

Gallo es el cuarto congresista en presentarse ante la Corte Suprema en el marco de esta investigación, y como sus compañeros, decidió abstenerse de declarar. Otros congresistas bajo investigación incluyen a Julián Peinado, Wadith Manzur, Liliana Bitar y Karen Manrique.

Los fiscales sostienen que estos congresistas habrían utilizado su influencia en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, Cicp, para asegurar que proyectos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) recibieran fondos de la Ungrd.

La investigación se sustenta en documentos y testimonios que sugieren un patrón de votaciones favorables a las solicitudes del Ministerio de Hacienda, particularmente en los últimos días del periodo legislativo de 2023. Durante este tiempo, se aprobaron 13 de los 18 conceptos de crédito emitidos por la Cicp, lo que ha levantado sospechas sobre posibles acuerdos a cambio de contratos para los mencionados proyectos.