El senador Mario Castaño solicitó acogerse a una sentencia anticipada por corrupción

El caso del exsenador liberal, Mario Castaño, tiene un nuevo capítulo. Este martes, la defensa del excongresista solicitó a la Corte Suprema de Justicia adelantar el trámite de sentencia anticipada, pues Castaño tendría intenciones de aceptar cargos.

El procedimiento pedido por Castaño implica que este debe reconocer su liderazgo en una red criminal integrada por servidores públicos y por particulares dedicados a manipular diferentes procesos de contratación estatal en varios departamentos. La investigación en contra del senador se produce por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión.

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción suspendió la investigación que estaba siendo adelantada en contra del excongresista con el fin de atender la solicitud de su defensa.

"Dentro del proceso contra el senador Mario Alberto Castaño, actualmente se encuentra privado de la libertad, el senador manifestó su interés de acogerse a sentencia anticipada. Por lo tanto, la Sala de Instrucción suspendió la discusión en torno a al cierre de la etapa de investigación para adelantar ese trámite pedido por la defensa del congresista", fueron las palabras del alto tribunal.

Al momento de su captura, la Corte señaló que "también se le atribuye haber influido determinantemente en designación de empleados en el Congreso de la República quienes, a pesar de percibir salarios por dicha vinculación (por prestación de servicios) no realizaron ninguna actividad de las que se les encomendaron. El aforado, igualmente, le habría exigido, a título de contraprestación, una remuneración económica a personas interesadas en ocupar ciertos cargos públicos, a cambio de garantizarles su vinculación al mismo".

De acuerdo con la pesquisa adelantada por la Fiscalía en contra del senador y los funcionarios públicos pertenecientes a esta red criminal, se determinó que los contratos irregulares sumaron más de $43.000 millones.