Claudia López le pidió ayuda al Gobierno para reducir hacinamiento en las cárceles

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, envió una carta a la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, con el fin de solicitar un concepto jurídico y su apoyo, para la atención de la Población privada de la libertad que se encuentra en riesgo de contagiarse de covid-19.

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Dentro del documento, López expresó las múltiples alternativas que ha planteado respecto a la implementación del Decreto 546 de 2020 que corresponde a las medidas de excarcelación para prevenir los contagios.

La mandataria señaló que, a la fecha, se registran como casos positivos del virus, 19 personas retenidas en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy, siete uniformados de la estación de Policía de Kennedy y seis policías adscritos a la estación de Policía de Fontibón.

"Bajo estas condiciones, es urgente y necesaria la actuación conjunta para mitigar los riesgos de contagio que en la actualidad enfrentan 15.971 personas retenidas en la URI y estaciones de policía de la ciudad de Bogotá, por cuanto el hacinamiento que hoy se sitúa en el 292,5%", añadió en el documento.

López resaltó las alternativas presentadas hasta el momento, entre las que se encontraban la construcción de un nuevo establecimiento de reclusión en los predios de La Picota, la ampliación de salas de retenidos de estaciones de la Policía, la reubicación de presos en el Centro de Traslado por Protección (CTP), entre otras a las que se les emitió un concepto negativo.

Además, la alcaldesa comentó que visitó más de 30 inmuebles y se identificó un predio de propiedad distrital que podría habilitarse con los protocolos de bioseguridad necesarios, para el traslado de personas privadas de la libertad.

"Si bien para el efecto el Ministerio de Justicia remitió al Ministerio de Vivienda por razones temáticas, a la fecha no hemos recibido respuesta sobre dicha petición", señaló López en el documento.

Finalmente, mediante el documento, López expresó la necesidad de procurar una solución viable, que le sean resueltas sus inquietudes frente al Decreto, además de precisar a qué autoridad, Policía Nacional o Inpec, le compete el traslado y custodia de los presos que puedan estar contagiados de covid-19 y cuáles serán los protocolos de bioseguridad que se tendrán en cuenta.

La mandataria concluyó el documento con su solicitud de " exonerar las adecuaciones y obras necesarias para poner en funcionamiento los centros especiales de reclusión a que se refiere el artículo 27, de la licencia de construcción que en condiciones normales es exigible".