La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Zulia Mena, alcaldesa de Quibdó en el periodo 2012-2015; y a Andrés Bejarano, secretario de Infraestructura de la época, por presuntas irregularidades contractuales en la construcción del Megacolegio Mía Fase II.
El juicio se da por presunta falta de planeación del proyecto, pues al parecer, no contaba con estudios previos, por eso la obra fue suspendida 540 días ante la necesidad de un rediseño estructural.
La obra tuvo un valor inicial $13.296 millones, pero debido a la falta de planeación la administración actual invirtió $6.000 millones más para poder adecuar la fase II del lugar.
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Desde 2018 hasta el primer semestre de 2024, se han detectado 511 hallazgos administrativos, de los cuales 102 tienen incidencia fiscal por $141.000 millones
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