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Judicial

Extinción de dominio a 36 bienes dedicados a la venta de celulares robados

Las diligencias se cumplieron en Bogotá, Medellín, Villavicencio, Manizales, Neiva, Pasto, Popayán, entre otras ciudades.

27 de diciembre de 2018

Colprensa


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La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ocuparon 36 bienes que, tras ser sellados y afectados con medidas administrativas por su actividad ilegal, seguían al servicio de las redes delincuenciales vinculadas al hurto de teléfonos celulares.

Las diligencias se cumplieron de manera simultánea en Bogotá, Medellín, Villavicencio, Manizales, Neiva, Pasto, Popayán, y en Palmira, Alcalá y Cerrito, en el Valle del Cauca, donde los locales comerciales quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración.

Según informaron las autoridades, se trata de siete locales comerciales y 29 inmuebles los que conforman el grupo de bienes afectados con medidas cautelares, los cuales ya no podrán ser puestos al servicio de las estructuras que compran, modifican y venden los teléfonos robados.

En el Valle del Cauca fueron tres inmuebles repartidos en Cerrito, Palmira y Alcalá, mientras que en Villavicencio fueron 3 establecimientos de comercio y tres inmuebles cobijados con la medida en los barrios Centro, Olímpico y El Retiro.

En Bogotá los operativos se dieron en diez inmuebles ubicados en las localidades de Kennedy y Engativá, en Manizales se registró en un establecimiento de comercio y seis inmuebles en los barrios Los Agustinos, Galería y Los Cedros.

En Neiva fueron un establecimiento de comercio y un inmueble, en Pasto fueron dos inmuebles, en Medellín otros dos establecimientos de comercio y un inmueble y en Quindío otros tres inmuebles.

Muchos de los bienes afectados eran explotados por los mismos propietarios y otros estaban en manos de terceras personas por medio de contrato de arriendo. En cualquiera de los dos casos, la Fiscalía determinó que proceden las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo.

“… los dueños de los inmuebles habrían sido descuidados con las actividades que les impone la Constitución, toda vez que después de varios allanamientos practicados no tomaron medidas responsables al respecto y permitieron directa o indirectamente actividades ilícitas”, señaló la Fiscalía.

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