Extradición: ¿Premio o castigo?

Pero hoy, ese temor, ese castigo que significaba ser enviado a Estados Unidos a rendir cuentas y ese elemento tal vez persuasivo han variado significativamente, tanto ha sido el cambio que se han visto casos de huelgas de hambre en las cárceles del país por parte de extraditables para que sean aceleradas sus extradiciones. 

Encontramos que ahora los narcotraficantes prefieren negociar con la DEA y entregarse para delatar a cuanto ayudante o facilitador de su delito exista, con el objetivo de obtener una pena irrisoria para la sangre que corre en Colombia por sus actos y luego salir a disfrutar de las fortunas que han quedado temporalmente en manos de testaferros; todo como premio a su vida delincuencial, mientras tanto seguimos en un país sin justicia, sin verdad y sin reparación integral a las víctimas.  

Estos hechos, impensables en una época, no solo son el indicativo que estamos ante la decadencia de la política antidrogas vigente; sino que nos deben llevar a revisar y actualizar nuestras figuras jurídicas para lograr los fines esenciales del estado, uno de ellos es el acceso efectivo a la administración de justicia, el cual muchos Colombianos víctimas del narcotráfico están viendo frustrado por el utilitarismo de la justicia americana y nuestro afán de quedar como colaboradores ante los Estados Unidos. Con esto no quiero decir que se deba abolir la figura, pero sí que se debe examinar a profundidad la misma poniendo como prioridad en su reformulación los derechos a la justicia, verdad y reparación de nuestros compatriotas. 

Parte de la culpa de que este fenómeno se presente, es la ineficiencia y poca funcionalidad de un sistema penal acusatorio que no es acorde a la realidad colombiana, este modelo sin duda en casos inoperantes y que en algunos casos es administrado por funcionarios con falta de preparación, de rigurosidad metodológica, y que se atrincheran en la carga laboral para justificar la ligereza de sus apreciaciones jurídicas; es lo que ha llevado entre otras a hechos preocupantes, toda vez que según lo dicho por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo la Fiscalía tiene en su contra alrededor de 12.552 demandas por privación injusta de la libertad, ¿no será hora que se hagan los ajustes necesarios, de fondo y urgentes para garantizar el acceso y la efectiva administración de justicia?.

Estos argumentos que apenas son la punta del iceberg, hacen parte de los motivos que llevaron a que fritanga riera cuando lo extraditaron y no llorara como sus víctimas, diera señas de estar todo bien, mientras en nuestro país seguimos esperando que la justicia así sea en silla de ruedas llegue, que la verdad florezca y que se repare efectivamente a las víctimas; por lo que extiendo un llamado de urgencia en la revisión de esta medida y aplaudo que el Congreso se preocupe por ello, ojalá no se nos cuelen orangutanes en el debate; al final la extradición debe de ser usado como mecanismo excepcional, ser parte de un castigo y no un premio para estas personas que han desangrado a Colombia.