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Judicial

Fiscalía acusó por corrupción a dos expresidentes de Reficar y otros cinco involucrados

La construcción de la Refinería de Cartagena tardó tres años más de lo proyectado y gastó el doble del presupuesto inicial

23 de agosto de 2019

Angélica Benavides


Canal de noticias de Asuntos Legales

La Fiscalía acusó formalmente a siete involucrados con los sobrecostos en la construcción de la Refinería de Cartagena. La lista la conforman Orlando José Cabrales Martínez, Reyes Reinoso Yanes, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Felipe Arturo Laverde Concha, Carlos Alberto Lloreda Silva, Philip Asherman y Masoud Deidehban.

El ente investigativo acusó de interés indebido en la celebración de contratos al exrepresentante legal de Reficar, Orlando José Cabrales Martínez, mientras que al expresidente de la misma empresa, Reyes Reinoso Yanes, lo acusó de peculado por apropiación en favor de terceros y enriquecimiento ilícito en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.

A Pedro Alfonso Rosales Navarro, exintegrante de la Junta Directiva de
Reficar y ex vicepridente de Downstream de Ecopetrol, la Fiscalía lo acusó de interés indebido en la celebración de contratos y Felipe Arturo Laverde Concha, ex vicepresidente jurídico de Reficar, fue acusado de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros.

La Fiscalía también acusó de falsedad ideológica en documento público, complicidad en peculado por apropiación en favor de terceros al revisor fiscal de Reficar entre 2013 y 2015, Carlos Alberto Lloreda Silva.

Por su parte, los representantes de las contratistas del proyecto, Philip Asherman y Masoud Deidehban fueron acusados de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito en particulares en favor de terceros e interés
indebido en la celebración de contratos respectivamente.

Cabe recordar que la Fiscalía logró comprobar el desembolso de $600.000 millones que terminaron destinándose a “gastos suntuosos”, que incluyeron viáticos, viajes de funcionarios y abogados, gastos en hoteles, alquiler de vehículos y pagos dobles.

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