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Judicial

El empresario Fernando Marín habría sido el facilitador para esconder dineros del Carrusel

Organismo imputará cargos a empresario que habría facilitado el ‘lavado’ e inversiones de dineros comprometidos

07 de febrero de 2019

Alexis Posso


Canal de noticias de Asuntos Legales

En el caso del Carrusel de la Contratación, las autoridades publicaron avances de la investigación donde se demostró que una serie de empresas habrían ayudado a esconder los dineros que se movieron en el escándalo de corrupción.

Concretamente, la Fiscalía encontró que el empresario y exembajador Fernando Marín Valencia, a través de reconocidas empresas de construcción, habría servido como facilitador para esconder el dinero que se originó por los desfalcos a los fondos públicos.

El ente acusador también demostró que seis empresas constituidas en la Florida habrían realizado estas maniobras financieras para esconder el dinero, entre estos un conjunto habitacional de 19 pisos en Miami llamado River Oaks Condominio.

El fiscal delegado para las finanzas criminales, Andrés Jiménez, expuso los avances de la investigación. En su declaración afirmó que "se ha identificado la sociedad y proyecto inmobiliario en el cual habrían invertido recursos provenientes del Carrusel de la Contratación y cuyo monto comercial es de USD$56 millones". Con la tasa de cambio actual, el monto del desfalco supera $168.000 millones. Estas sociedades fueron disueltas entre los años 2011 y 2012 y los beneficiarios habrían sido los hermanos Moreno Rojas.

Las evidencias recogidas por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar a los involucrados en el lavado de activos, que con la ayuda de firmas de abogados de los Estados Unidos, tenían por objeto la constitución de sociedades para la adquisición de inmuebles en ese país.

Adicionalmente y en comunicado oficial, la Físcalía dio a conocer que el pasado julio de 2018 un juez especializado de Bogotá avaló la incautación con fines de extinción de dominio de bienes de propiedad del Grupo Nule que ascenderían a más de $6.000 millones.

La Fiscalía adelantará las gestiones pertinentes para solicitar el retorno de tales activos a Colombia en el marco del acuerdo de compartición de bienes suscrito con el gobierno de los Estados Unidos.

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