Gobierno Nacional envió mensaje de urgencia para el proyecto de ley de la "paz total"

El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República la solicitud de mensaje de urgencia al proyecto que prorroga la ley de 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, para mantenerle las facultades al presidente Gustavo Petro para adelantar de lo que denomina Paz Total.

“La referida iniciativa legislativa tiene como objetivo definir la política de paz de Estado, la cual será prioritaria en los asuntos del Estado, transversal a estos, e integral, tanto a lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia", dice el documento radicado en el Congreso.

La iniciativa legislativa afirma que la paz será una política de Estado y vinculará a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes tendrán que orientar sus actuaciones para darle cumplimiento.

Así mismo, "se plasma a cargo de los diferentes gobiernos el deber de garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, de manera que tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”, dice el documento.

“Solicito respetuosamente al honorable Congreso de la República dar trámite de urgencia al Proyecto y, en consecuencia, se disponga su deliberación conjunta en las respectivas Comisiones Constitucionales Permanentes, de conformidad con los procedimientos constitucionales y legales ordinarios”, indica la misiva firmada por el ministro del Interior, Alfonso Prada.

El proyecto de ley establece que los representantes autorizados por el Gobierno Nacional podrán adelantar diálogos y firmar acuerdos con los grupos armados al margen de la ley para su reincorporación a la legalidad, que podrían ser supervisados por instancias internacionales.

"Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz", agrega el articulado de la iniciativa.

El proyecto agrega que, para facilitar los procesos, el gobierno podrá acordar la ubicación temporal de los miembros de los grupos armados con los que se negocia en zonas designadas, en las que "quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las que tengan fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso".