Japón elevó la edad de consentimiento y redefinió la violación en cambio legislativo

Japón aprobó el viernes un histórico proyecto de ley sobre delitos sexuales, en un intento por el que se ha luchado durante mucho tiempo para que una serie de delitos sexuales, como la violación, el voyeurismo fotográfico y la captación de menores por Internet, sean más fácilmente punibles.

Las enmiendas al Código Penal cambian el término del delito de "coito forzado" por el de "coito no consentido", ampliando el ámbito de casos que pueden considerarse delito.

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Especifica ocho supuestos en los que las relaciones sexuales pueden considerarse no consentidas, entre ellos la evidencia de fuerza o intimidación, el consumo de alcohol o drogas y el aprovechamiento de la situación económica o social.

Los problemas del consentimiento habían sido poco explorados anteriormente por las autoridades en Japón. En 2019, un tribunal desató la indignación al absolver a un hombre por violar repetidamente a su hija adolescente, alegando que ella podría haberse resistido. El veredicto fue anulado por un tribunal superior y fue condenado a una década de prisión por el delito.

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Además, la edad de consentimiento sexual en Japón pasó de los 13 años -la más baja entre los países del Grupo de los Siete- a los 16, tras décadas de lucha de los activistas. La edad de consentimiento no se modificaba desde 1907.

La revisión de la ley también penaliza el "voyeurismo fotográfico" -tomar en secreto fotografías sexuales de personas- y la captación de menores en Internet. En 2022, más de 150 niños fueron víctimas de delitos graves, incluidas violaciones, iniciados a través de las redes sociales, según la Agencia Nacional de Policía.

Alrededor de 7% de las mujeres y 1% de los hombres declararon haber sufrido relaciones sexuales forzadas, según una encuesta realizada por el Gobierno en 2021 a 5.000 personas. Sólo 5,6% de las víctimas acudieron a la policía, según la encuesta. Ese mismo año, 1.330 personas fueron acusadas de violación, con el resultado de sólo 455 condenas, según cifras del Ministerio de Justicia.