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JEP desempolva el caso del Palacio de Justicia por testimonio de un testigo clave

El sargento retirado del Ejército, José Leonairo Dorado Gaviria, dio puntos exactos donde se encontrarían cuerpos de víctimas de desapariciones forzadas

13 de abril de 2025

Bárbara Andreina Orozco Ostos


JEP
Canal de noticias de Asuntos Legales

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, desempolvó la investigación sobre la toma de Palacio de Justicia que dejó a varias víctimas de desaparición forzada, gracias al aporte clave de un nuevo testigo, el sargento retirado del Ejército, José Leonairo Dorado Gaviria, quien dio el lugar exacto en donde estarían sepultados los restos de Irma Franco Pineda, exintegrante del M-19.

Dorado dio las coordenadas para que un grupo de integrantes del Ejército cavaran en la Escuela de Logística del Ejército, ubicada en el sur de Bogotá, así lo reveló Blu Radio en un trabajo investigativo.

Dorado Gaviria pertenece a la comunidad indígena Yanacona del Cauca y comenzó a colaborar con las autoridades desde los 14 años.

Al lugar asistieron magistrados de la JEP y expertos forenses para iniciar labores de exhumación en los puntos que señaló el sargento retirado del Ejército. Identificó al menos 15 posibles lugares dentro del batallón donde podrían estar sepultadas víctimas de desaparición forzada.

Entre estos, Dorado señaló un punto específico donde, según su testimonio ante la JEP, militares habrían inhumado el cuerpo de Franco Pineda.

Pero esto trajo más sorpresas, y es que, en medio del operativo, encontraron una excavación reciente de un metro y medio aproximadamente, exactamente en uno de los puntos que habían establecido para la búsqueda de los restos de Franco.

Detallaron que junto al hueco, se encontraron dos palas, una camiseta militar y fragmentos de plástico, incluyendo un empaque de alimento con fecha de caducidad de 2012.

Reportaron que los restos óseos encontrados fueron trasladados a laboratorios de genética forense para su análisis y cotejo con muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas, incluyendo a Irma Franco.

Las autoridades aclararon que el proceso de identificación podría tomar tiempo debido a la complejidad de los análisis y al estado de los restos.

Ante esta situación, la magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, denunció los hechos en la Fiscalía General de la Nación e interpuso un incidente de desacato el 7 de febrero contra el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez; el director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo; y el comandante del Batallón de Contrainteligencia, coronel Johan Slead Gélvez Peña.

El mismo día del hallazgo, el Ministerio de Defensa ordenó la intervención de la Policía Militar Número 13 en la Escuela de Logística para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por la JEP, que desde septiembre del año anterior prohibían cualquier acción que pudiera alterar el terreno de la Escuela de Logística y el Batallón de Contrainteligencia.

Adicionalmente, el 4 de febrero, el fiscal Carlos Arturo Mutis Florez reportó la presencia de miembros del batallón, de ingenieros del Ejército cerca a otro punto de interés, con un plan de trabajo en unas alcantarillas, acción que fue impedida por las medidas cautelares vigentes.

El testimonio

En medio de esta investigación, la JEP aseguró que el testimonio de José Leonairo Dorado Gaviria es una pieza fundamental para dar con los detalles sobre la desaparición de Irma Franco y otros crímenes.

Además aportó información crucial sobre la victimización de miembros de la Unión Patriótica (Caso 06) y los crímenes cometidos por agentes del Estado en el marco del Caso 08.

A pesar de la corta edad que tenía en el momento que ocurrieron estos hechos, sus declaraciones ofrecieron un punto de vista particular para avanzar en esta investigación. Dorado Gaviria entregó detalles sobre seguimientos, retenciones ilegales, interrogatorios, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de líderes políticos, sociales, defensores de derechos humanos y sindicalistas ocurridos entre 1984 y 1998 en diversas regiones del país.

Además, declaró en contra del general Iván Ramírez Quintero, excomandante de Inteligencia del Ejército, quien fue condenado por los desaparecidos del Palacio de Justicia, lo que abonó credibilidad a sus señalamientos.

La información proporcionada permitió a la JEP priorizar la investigación en zonas críticas como Ariari-Guayabero, Magdalena Medio, Urabá, Cundinamarca-Sumapaz y Tolima, donde se concentró la violencia contra la Unión Patriótica, partido que sufrió el asesinato o desaparición forzada de al menos 5.733 de sus miembros entre 1984 y 2007.

En el marco del Caso 08, su testimonio contribuyó a esclarecer crímenes cometidos por agentes del Estado contra líderes sociales en el Magdalena Medio.

El reciente hallazgo de un fragmento de costilla humana en la Escuela de Logística, en un punto señalado por Dorado, añadió peso a sus declaraciones y aumentó la expectativa de encontrar los restos de Irma Franco y otras víctimas en el lugar.

El Batallón Charry Solano, epicentro de acusaciones

El Batallón de Infantería Charry Solano se convirtió, durante los años ochenta, en un nombre tristemente célebre debido a las persistentes acusaciones sobre su utilización como centro clandestino de detención y tortura.

Las denuncias, provenientes de familiares de detenidos, ex prisioneros y organizaciones defensoras de derechos humanos, describían un patrón sistemático de tratos inhumanos dirigidos a personas sospechosas de subversión o vinculadas a movimientos de oposición política.

Estas acusaciones, aunque reiteradas, enfrentaron durante años la falta de pruebas contundentes y la reticencia de las autoridades militares a reconocer cualquier irregularidad.

El posible hallazgo del cuerpo de Irma Franco en este lugar específico no solo podría confirmar la veracidad de estas denuncias históricas, sino que también abriría la vía para establecer responsabilidades penales por los crímenes cometidos.

La conexión entre la desaparición de Franco y las acusaciones de tortura en el Charry Solano otorgaría una nueva dimensión a las investigaciones y podría impulsar la búsqueda de otras víctimas que aún permanecen desaparecidas.

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