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  • Laura Cuevas Sánchez

martes, 2 de julio de 2024

La Defensoría del Pueblo atendió 290 casos de violencia contra la población LGBTI durante los primeros cinco meses del año

La entidad reitera su llamamiento al Ministerio del Interior y a la Dirección LGBTIQ+ del Ministerio de Igualdad y Equidad, instándolos a cumplir con las necesidades de la población LGBTIQ+, reconocida como sujeto de especial protección por el Estado, mediante la actualización de la Política Pública Nacional LGBT y la pronta emisión del Plan de Acción 2023-2027.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI, también hizo un llamado a las instituciones estatales, al Gobierno Nacional, a las autoridades locales y departamentales, para que avancen en medidas que eliminen cualquier forma de violencia contra la comunidad diversa.

Para enero y mayo de este año, la Defensoría del Pueblo atendió un total de 286 casos de violencia dirigida hacia personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género (OSIGD) en varias regiones del país. Es alarmante observar que la violencia psicológica fue el tipo de violencia más frecuentemente reportado, representando el 55% de las atenciones, seguida de la violencia física con un 27%. Es importante destacar que en muchos casos se reportaron múltiples formas de violencia.

Al comparar estas cifras con el informe 'Una Radiografía del Prejuicio 2023' publicado por la Defensoría, el año anterior se registraron 480 casos de violencia por prejuicio, donde el 52,6% estuvo relacionado con violencia psicológica y el 23% con violencia física.

La Defensoría del Pueblo se une al Día Internacional del Orgullo LGBTI condenando la discriminación y violencia basadas en la orientación sexual, identidad y expresión de género, las cuales constituyen una clara violación de los derechos humanos.

La Defensoría reconoce que el avance en la promoción y protección de los derechos de la población OSIDG-LGBTI, considerada sujeto de especial protección por el Estado, será impulsado por la capacidad, el liderazgo y la movilización de esta comunidad. Este esfuerzo, según la institución, es fundamental para construir la paz en Colombia, destacando que enfrentar el desafío de promover y garantizar sus derechos requiere un esfuerzo conjunto del Estado, las instituciones y la sociedad civil.

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