La falla de procesamiento de pruebas covid-19 dejaría más de $4.000 millones perdidos

Según la Procuraduría y la Contraloría, 18.548 muestras para covid-19 no habrían podido ser procesadas debido a las fallas que se presentaron, lo cual dejaría una posible pérdida de recursos del sistema de salud por más de $4.000 millones.

Los dos entes de control pudieron determinar que las muestras tomadas a igual número de ciudadanos no pudieron ser analizadas por 107 laboratorios públicos y privados que operan en todo el país.

Los organismos de control evidenciaron que 2.340 muestras fueron rechazadas por cantidad insuficiente, 1.556 estaban derramadas, 2.476 se encontraban sin identificación del paciente, con inconsistencias en la rotulación o sin formularios de entrega de muestras; 1.169 no cumplían con la cadena de frio y temperatura, 927 presentaron fallas en el diligenciamiento de la ficha epidemiológica y remisión de estas, 69 se entraron con más de 72 horas de la toma de las muestras, y 10. 011 presentaron otras causas como fallas en el embalaje, transporte inadecuado, muestras contaminadas, dañadas, o no llegaban las muestras.

La situación resulta preocupante debido a que la Procuraduría y Contraloría desde el inicio de la pandemia han venido advirtiendo las debilidades en el proceso de toma, embalaje, rotulación, transporte y envío de las muestras sin ser suficiente pues hasta la fecha 19.000 ciudadanos no han conocido los resultados de sus muestras pudiendo transmitir el virus por no tomar las medidas necesarias para romper la cadena de contagios, aunque el sistema de salud si incurrió en costos económicos.

El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez; advirtieron que los recursos dispuestos por el Estado para la atención de la pandemia deben ser gestionados con rigor y eficiencia. Los problemas identificados, que tienen como base deficiencias de carácter técnico, sumados a reiteradas fallas en la comunicación de los resultados de las pruebas diagnósticas, se convierten en factores que agravan la problemática situación derivada de la pandemia y, por lo tanto, vulneran el derecho fundamental a la salud y los principios de oportunidad, integralidad, continuidad y afectan la eficacia en el uso de los recursos públicos.

La PGN y la CGR exhortaron a las entidades departamentales y distritales y a la Superintendencia Nacional de Salud a que ejerzan vigilancia sobre las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) de cada jurisdicción, frente al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y por el Instituto Nacional de Salud para el manejo del Covid-19.

Por su parte, la Contraloría General de la República procederá a remitir los resultados obtenidos a la Dirección de Vigilancia Fiscal -DVF- de la delegada para el Sector Salud, con el fin de adelantar las actuaciones de control fiscal a que den lugar.