La JEP aseguró que el atentado contra el Nogal es un crimen de guerra no amnistiable

La Sala de Amnistía o Indulto de la JEP declaró que los actos de los hermanos Fernando y Herminsul Arellán Barajas en el atentado al club El Nogal son crímenes de guerra no amnistiables y violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

El atentado ocurrió en Bogotá el 7 de febrero de 2003. Los Arellán, integrantes de la Columna Móvil Teófilo Forero de la extinta guerrilla, fueron los cerebros detrás del acto, que dejó 36 personas fallecidas y 158 heridas, las cuales no eran objetivos militares.

Fernando y Herminsul, hoy comparecientes en la JEP, cometieron crímenes de guerra y transgresiones al DIH, de acuerdo con la Sala de Amnistía. Esto, debido a que el ataque se dirigió contra un club social y empresarial, no contra un objetivo militar, como dictan las reglas de la guerra.

La JEP señaló que dentro del conflicto las partes "deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes". En ese sentido, las ofensivas "solo podrán dirigirse contra combatientes. Los civiles no deben ser atacados".

El Nogal, de acuerdo con la JEP, solo era un sitio comercial que estaba ubicado en una zona que en buena parte también era residencial.

"Se trata de un bien civil que no tiene, ni tuvo para la fecha de los hechos, como naturaleza, finalidad o utilización, contribuir eficazmente a la acción militar y no ofreció una ventaja militar definida", resaltó la decisión de la Sala de Amnistía.

En esa misma línea, la Jurisdicción Especial encontró que "las víctimas de este ataque eran civiles que no participaban en las hostilidades y, por tanto, gozaban de protección respecto de un ataque en el marco del conflicto armado".

El atentado al club El Nogal se investigará dentro del macrocaso 10, que lidera la magistrada Julieta Lemaitre e indaga por crímenes no amnistiables cometidos por las entonces Farc.

La idea es determinar si el hecho puede ser parte de los patrones de conducta que cometió la extinta guerrilla en el desarrollo de sus hostilidades, además de garantizar la participación de las víctimas y su asesoría durante el trámite.

Los hermanos Arellán Barajas resultaron condenados a 40 años de prisión por parte de la justicia ordinaria, pero desde 2017 gozan de libertad condicional, algo que la JEP mantiene con algunas tareas respondieron por los delitos de terrorismo, homicidio y tentativa de homicidio, al comprobarse que participaron en la detonación del carro-bomba en el acto terrorista.

Los ahora comparecientes tendrán que suscribir un acta con la Jurisdicción Especial en la que se comprometen a seguir atendiendo a los llamados, aportando verdad plena y reparando a las víctimas de las que se reconocen responsables.