La Junta de Reficar está bajo la lupa de la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía

La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrillo, se sumó a la Contraloría y la Fiscalía y abrió investigación disciplinaria en contra de nueve funcionarios: Gloria Inés Cortés, Uriel Salazar, Astrid Martínez, Carlos Gustavo Arrieta, Natalia Gutiérrez, Hernando Zerda y Carlos Erazo, como miembros de la Junta y Nicolás Isaksson y José Alfonso Marrugo, líder del Grupo Legal y vicepresidente administrativo de Reficar.

De acuerdo con el Ministerio Público, se busca establecer las razones por las cuales hubo un aumento en el presupuesto para las obras, pues, en un principio, estaba estipulada una inversión de US$3.777 millones que pasó a US$8.016 millones entre 2011 y 2015.  De igual manera, la entidad investigará la extensión en el cronograma para la ejecución del proyecto. 

Entre las razones por las cuales pudo haber una demora en la ejecución de las obras, la Procuraduría destacó “(…) la modalidad del contrato EPC bajo costos reembolsables, la selección del contratista para el EPC, modificaciones al mecanismo de facturación y pago de cuentas, deficiencias en la planeación y en los estimados de costos y cronograma que derivaron en cinco controles de cambio, interacción del PMC con CB&I, políticas de incentivos, y movilización presuntamente tardía del personal directivo de la sociedad a Cartagena, principalmente”.

Jaime Bernal Cuéllar, exprocurador General, explicó que el proceso comienza con una indagación preliminar, que se abre cuando hay indicios de que se pudo cometer una falta disciplinaria y se toman algunas pruebas, con estas, se abre un proceso disciplinario, para después llamar al funcionario a descargos en el marco de un proceso formalmente abierto.

En caso de que los funcionarios sean hallados culpables en el proceso disciplinario, pueden enfrentar sanciones como suspensión del cargo, multas, destitución o inhabilidad. 

Cabe recordar que, en marzo de este año, la Contraloría  anunció que en las obras de modernización de la Refinería de Cartagena hubo un detrimento patrimonial de US$6.080 millones, que en pesos serían, aproximadamente, $17 billones.

En su momento, la entidad señaló como presuntos responsables de estos hallazgos a siete funcionarios de Reficar, entre ellos a: Orlando Cabrales, Reyes Reinoso Yánez, Felipe Castilla, Magda Manosalva, Carlos Eduardo Bustillo, Andrés Virgilio Riera y César Barco.

Además, a 13 miembros de la junta directiva de Reficar y 18 miembros de la junta directiva de Ecopetrol, en la que están nueve exministros y un exdirector de Planeación Nacional.

En el mismo sentido, a finales de abril, Néstor Humberto Martínez, fiscal General, resaltó que se identificó un peculado por más de $610.000 millones en estas obras, por tal razón, fueron llamados a imputación de cargos los expresidentes de Reficar, Orlando Cabrales y Reyes Reinoso. También está en la lista Felipe Laverde, vicepresidente financiero de Reficar. 

Para la Fiscalía “el Estado asumió integralmente riesgos de la ejecución del proyecto” y por ello el país pagó bienes y servicios que no fueron prestados en la ejecución de Reficar.

La opinión

Jaime Bernal Cuéllar
Exprocurador General de la Nación
“En caso de que los funcionarios investigados sean hallados culpables dentro del proceso disciplinario, pueden enfrentar sanciones como suspensión del cargo, multas, destitución o inhabilidad”.