La Procuraduría General alertó sobre los riesgos de limitar la JEP y su presupuesto

En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre los riesgos de limitar el tiempo de funcionamiento y el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras los recientes anuncios del Gobierno nacional.

Para el Ministerio Público, reducir el alcance y presupuesto de la JEP comprometería su capacidad para cumplir su objetivo de ofrecer justicia a las víctimas del conflicto armado. Limitar sus funciones, agregó la Procuraduría, afectaría gravemente la implementación de sanciones y el juzgamiento de responsables de violaciones graves de derechos humanos.

La Procuraduría recordó también que las amnistías indiscriminadas están prohibidas por el derecho penal internacional. Estas acciones podrían reactivar la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia.

"Es fundamental que la autoridades asuman su responsabilidad como garantes de los recursos necesarios para la implementación de las sanciones propias de la JEP. Esto incluye la adecuada asignación presupuestaria y la coordinación logística para llevar a cabo las medidas de reparación a las víctimas", expresó el Ministerio Público.

Finalmente, el órgano de control reiteró su disposición para colaborar en los procesos de articulación institucional que aseguren el cumplimiento de los derechos de las víctimas y la sociedad en el marco del sistema de justicia transicional.