Estas son las claves del acuerdo de cooperación de Colombia con la Corte Penal Internacional

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Ayer, después de 17 años, la Corte Penal Internacional (CPI) cerró la indagación preliminar que tenía sobre Colombia. La decisión se tomó en medio de la visita del fiscal general del organismo, Karim Khan, quien destacó los avances que ha tenido Colombia en el fortalecimiento de las instituciones judiciales para dar cabida a los principios de reparación y no repetición.

Asimismo, el presidente Iván Duque anunció la firma de un Acuerdo de Cooperación con el tribunal internacional, con el fin de “trabajar de manera más estrecha” con la Corte.

El documento, sellado por el fiscal general y el presidente de la República, reconoció el compromiso y la “resiliencia” de los organismos del país. Entre lo acordado, el Gobierno Nacional se comprometió a continuar “apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas”, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

A su vez, Colombia mantendrá informada a la CPI de los avances de las investigaciones en el país y le facilitará el acceso a documentación pertinente.

Por su parte, la Fiscalía de la CPI se comprometió a seguir apoyando los esfuerzos de Colombia en materia de rendición de cuentas e, igualmente, en el desarrollo de programas dirigidos a profesionales colombianos para que se familiaricen con las últimas decisiones emitidas por las diversas salas del Tribunal internacional.

Pese a la determinación tomada ayer, se dejó en claro que la Fiscalía podrá reabrir la evaluación, teniendo en cuenta las circunstancias que puedan obstaculizar el avance de lo acordado en el futuro.

Reacciones de la decisión

De parte del Gobierno, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez celebró la decisión tomada por el organismo judicial de cerrar la indagación contra el país y la firma del acuerdo.

Por el contrario, comités y voceros de víctimas reaccionaron negativamente a la determinación, pues, según el Movimiento Movice, “es una lectura errada del contexto político y social que atraviesa el país”. En la misma línea, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, consideró que el cierre de la evaluación es “contraproducente”, pues “puede dejar a la JEP más expuesta ante ataques contra su independencia”.