En un comunicado de prensa de la Contraloría General de la República se advierte que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras sigue sin financiación. El esfuerzo fiscal requerido para el periodo que va desde 2018 hasta 2021 es de $129,29 billones.
Cifra preocupante puesto que el valor estimado del Gobierno Nacional es de $28,4 billones. Según la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas evidencia que para cumplir los requerimientos de la ley se necesitan aproximadamente 10 años adicionales.
Otro hallazgo de la Contraloría arrojó que una estimación de los costos de reparación de la población desplazada indígena y afrocolombiana es por un valor de $15,9 billones en 2017.
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En el proyecto se considera de alta importancia que exista la evaluación detallada sobre los delitos de extorsión, secuestro y financiación de terrorismo
