Lo que podría venir para los pilotos de fracking en la nueva administración de Petro

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Una de las banderas del presidente electo, Gustavo Petro, es dejar atrás la economía extractiva, lo que pasa por terminar, eventualmente, la exploración y producción de petróleo. Uno de sus ejes de campaña fue el no rotundo al fracking, por lo que una de las dudas ahora es qué pasará con los pilotos, especialmente con los dos contratos que ya están firmados.

El piloto Kalé ya cuenta con licencia ambiental, mientras que el otro, Platero, está en proceso de licenciamiento. Este último, por su estado, podría enfrentar más dificultades en entidades como la Anla, que en una nueva administración podría eventualmente endurecer los requisitos para concederle la licencia. Kalé, sin embargo, ya la tiene y, de momento, está en firme tras un fallo reciente del Tribunal Administrativo de Santander, por lo que tiene el camino más despejado.

Pero, ¿podría la nueva administración cancelar un contrato ya firmado? Luis Miguel Falla, socio de Palacios Lleras, explicó que los contratos se pueden terminar de manera unilateral, y también se pueden modificar, por ejemplo, para excluir la posibilidad de exploración. Esto último, sin embargo, se hace por regla general de común acuerdo entre las partes.

“Según la causal de terminación que se invoque, el Gobierno tendría que adelantar un proceso contractual para la terminación unilateral, porque la discrecionalidad no es absoluta. La eventual terminación generaría daños frente a los derechos adquiridos de los contratistas, y podría generar reclamaciones en materia de inversión internacional”, dijo Falla.

El daño, en ese caso, sería la pérdida económica de los contratistas, y la indemnización se determinaría en función las inversiones ya realizadas y qué tan adelantado está el proceso exploratorio, porque las expectativas son más difíciles de tasar.

Ahora, varios expertos han apuntado que para terminar eventualmente las actividades asociadas al fracking no sería necesario terminar el contrato, precisamente por las contingencias jurídicas que eso implicaría, y el riesgo de investigaciones por responsabilidad fiscal en los entes de control.

En esa línea, uno de los escenarios podría ser dejar que termine la ejecución de los pilotos en curso y, a su término, determinar que incluso si fuera una actividad segura no se llevará a cabo, por una decisión de política pública.