Los desafíos que tiene el programa de concesiones 5G por cuenta de la pandemia

El sector de la infraestructura será uno de los ejes fundamentales para la reactivación económica del país, en la medida en que dinamiza otros sectores, como el de servicios (financieros, legales, consultoría), asociados a la estructuración y ejecución de proyectos, y aspectos de la cadena de valor, como el abastecimiento y la producción.

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Uno de los aspectos que hará de la infraestructura un motor de reactivación será el inicio del programa de concesiones de quinta generación (5G), por lo que Paola Aldana, socia del área de Infraestructura de DLA Piper Martínez Beltrán, y Sebastián Lora, socio del área de Financiación de Proyectos y Banca y Finanzas de la misma firma, discutieron el marco normativo, el alcance y las características del programa en el Consultorio AL “Perspectivas 2020 para la infraestructura y su financiación”.

Este sector no ha sido inmune a la pandemia y las medidas para mitigarla, en cuanto los decretos que se han emitido en el marco de la emergencia tienen implicaciones en los proyectos de infraestructura. Un ejemplo de esto fue la norma asociada a la suspensión del cobro de peajes en la malla vial nacional.

“Esto tiene efectos en la liquidez de los proyectos, los flujos de caja y el impacto en la financiación de las obras, lo que lleva a la revisión de contratos, una dificultad en la gestión por parte de los concesionarios”, explicó Paola Aldana.

Así, los proyectos 5G, que representarán una inversión de aproximadamente US$5.300 millones y 1,6% del PIB, deberán iniciar en medio de “una nueva realidad que tiene una reacción en el ordenamiento jurídico, que implica replantear los esquemas de trabajo en obras civiles y los costos asociados a las obras”, anotó Aldana.

Estos, aunque seguro tendrán sus propios retos, buscan dar un paso hacia adelante en materia de infraestructura de transporte, y pretender incorporar las lecciones aprendidas de las 4G para que los proyectos tengan una financiación y ejecución más fluida.

Así, el formato de contrato que publicó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) incluye novedades, siendo tal vez la más importante que se busca un contrato más sostenible con una visión holística, que incorpore las problemáticas sociales, ambientales, económicas y de fortalecimiento institucional.

Además, la nueva normativa presenta cambios frente al modelo de las 4G en aspectos como los procesos de enajenación de inmuebles y los determinantes de titulación de predios sobre la valoración y mecanismo de gestión contractual más adecuados, con lo que se busca que existan herramientas de coordinación y seguimiento de cada proyecto con las entidades contratantes y la interventoría.

El nuevo formato, además, incluye novedades que tienen implicaciones en la bancabilidad de los proyectos. Una es que “frente al valor de los peajes esperados, asociado al plazo de los contratos, se prevé un plazo máximo de 29 años, pero el plazo de la etapa de OIM es variable y termina automáticamente cuando se alcanza el recaudo esperado. Eso traslada en su totalidad el riesgo de alcanzar el recaudo exclusivamente al concesionario, y puede tener impactos negativos en la liquidez y flujo de caja de los proyectos”, explicó Lora.

Además, en los contratos de 5G se introduce el mecanismo de soporte de ingresos, que proporciona una garantía anual a los concesionarios sobre la diferencia entre el costo esperado y el recaudado, que calculará y desembolsará la ANI. “Esto puede reducir la necesidad de contar con instrumentos de liquidez para compensar, lo que reduce los costos de financiación”, dijo Lora.

Adicionalmente, se introdujeron cambios en las fórmulas de liquidación de los contratos, lo que debe reconocerse y lo que no como inversión, los cierres financieros de los contratos y los eventos que eximen de responsabilidad. Estos tendrán impactos en la bancabilidad.