Los empresarios deben ser reconocidos como víctimas del conflicto armado en Colombia

En Colombia, los estudios demuestran que se necesitarán más de $130 billones de inversión para poder llevar a cabo los planes del posconflicto, sin embargo, según el Ministerio de Hacienda solo 36% de los recursos saldrá del Presupuesto General de la Nación y otra cantidad provendrá del Sistema General de Participaciones y Regalías. Así las cosas, las empresas cobran vital importancia en la reestructuración de los procesos productivos de las víctimas de la violencia.

Precisamente, de acuerdo con María José Viana autora del estudio ‘El empresariado cómo víctima del conflicto armado’ y que fue publicado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, “no podemos pretender que la empresa colombiana venga a reestructurar a la sociedad en el pos-acuerdo cuando ni siquiera se le ha contemplado como víctima del conflicto. Las empresas también deben llamarse como víctimas para que tengan acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación”.

Vale recordar que las empresas no fueron reconocidas como víctimas por la Ley 1448 de 2011, a pesar de los múltiples daños que tanto ellas como sus miembros han sufrido durante el conflicto, ni tampoco pudieron participar en la negociación de los acuerdos en la Habana.

“En la investigación me di cuenta que el proceso de justicia transicional en Colombia no iba a tener ningún resultado si no contaba con el involucramiento de todos los actores del conflicto. Se llamó a la fuerza pública, a las víctimas y a los grupos armados ilegales pero dentro de ellas no se consideró a las víctimas empresariales del conflicto, que son muchas y que sufrieron daños incalculables”, dijo Viana.

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Por su parte, María Clara Escobar, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política (ICP), manifestó que, “el ICP liderará y será vocero de un grupo de empresas como víctimas, con el fin de acreditarnos antes la JEP y presentar un informe ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el que solicitaremos la investigación de los hechos que victimizaron a nuestras empresas en el marco del conflicto armado”.

Escobar hizo un llamado a las empresas para que participen en esta iniciativa del ICP que les permitirá entre otros aspectos, acceder a mecanismos de la justicia transicional y a las garantías de reparación y no repetición; y reconstruir el contexto histórico de los principales hechos, ya sea, con un enfoque territorial, sectorial, o con uno que combine estas perspectivas con el fin de presentar el informe antes del 15 de marzo del próximo año.

Con ello, dijo Escobar, al recolectar toda la información necesaria presentarán el informe respectivo ante la JEP sobre los hechos contra las víctimas empresariales del conflicto.

Entre tanto, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Rubén Darío Acevedo resaltó que “no es justo que por un empresario cualquiera que viole la ley, que haya sido victimario o cómplice de grupos ilegales, se estigmatice a toda la población de empresarios”.

Justamente, el estudio realizado por la investigadora Viana, señaló que el Estado tiene la obligación de crear un marco normativo de seguridad jurídica que ofrezca estabilidad a los inversores y un sistema de creación de incentivos para que las empresas puedan asumir los riesgos que el ejercicio de su actividad económica implica en tiempos del post-acuerdo.