Los lineamientos que deberá cumplir el Gobierno para liberar a los de primera línea

El presidente Gustavo Petro comenzó a materializar sus propuestas de campaña. Una de ellas, es la polémica liberación de varios integrantes de la llamada 'primera línea' que fueron detenidos por presuntos delitos cometidos en el marco del paro nacional de 2021, y que ahora, gracias a un decreto presidencial pasarán a ser gestores de paz.

Aunque esta disposición estaba en los planes de Petro, incluso antes de ocupar su cargo, en los últimos días se convirtió en una carrera contra reloj para el Gobierno Nacional luego de que el mandatario se comprometiera a cumplir con la medida antes de navidad. Fue así como el pasado 9 de diciembre se firmó el Decreto 2422 de 2022 y desde entonces avanza a 'empujonazos' por la división de opiniones que ha traído el anuncio y su viabilidad jurídica.

Aunque el Gobierno ve en esta medida la forma para garantizar con su deber de mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica, así como la vigencia de un orden justo, otros sectores dicen que se estaría promoviendo la impunidad con faltas a la Constitución. Pues por medio del Decreto se crea la Comisión Intersectorial para la Promisión de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana que tiene como objetivo presentar al alto gobierno los perfiles de los próximos liberados, sin embargo, queda la duda sobre a quién le corresponde esta labor.

Aunque se ha dicho que la decisión de elegir a quiénes gozarán de este beneficio la tendrá el jefe de estado, no es un panorama aún muy claro. Según dijo el abogado penalista Francisco Bernate, los únicos autorizados para liberar a personas privadas de la libertad en Colombia son los jueces De modo que si se omite este proceder se estaría desconociendo la función y decisión de estos 'árbitros de la justicia'.

Pero precisando en lo que dicta el decreto, esta Comisión que estará integrada por el ministro del Interior; el ministro de Justicia; el ministro de Defensa y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, tendrá entre sus funciones "recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en artículo 5 de la Ley 2272 de 2022".

Por eso, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que la Comisión establecerá las debidas recomendaciones al presidente, para que las personas beneficiadas con esta salida de las cárceles tengan mayor vocación de contribuir a la reconciliación y de cumplir con las tareas humanitarias. También recordó que "la atribución presidencial de designar a integrantes de organizaciones sociales y humanitarias como voceras que aporten al proceso de paz o a apaciguar la conflictividad social la estableció de modo explícito la ley 2272 de 2022, recientemente aprobada por el Congreso.

"La figura ya existía y varios gobiernos la utilizaron para nombrar voceros a miembros de grupos armados. Ahora la ley permite que también se designe a personas que no pertenecen a esos grupos, sino a organizaciones sociales o comunitarias. ¡Claro: se trata de la paz total!", anotó el titular.

Asimismo, indicó que no es indulto ni amnistía, puesto que los voceros quedarán en libertad transitoriamente con el propósito de que cumplan con las tareas de paz o reconciliación que se les encomienden y seguirán vinculados a los procesos penales. El jefe de la cartera de Defensa, Iván Velásquez, dijo que en ningún momento su papel será el de cuestionar las pruebas ni examinar los procesos. Por lo tanto, esta comisión deberá garantizar que no se designe como voceras a personas condenadas, sino sindicadas y en el caso que corresponda, el gobierno acatará cualquier decisión judicial al respecto.

“La tarea de nosotros no es cuestionar, respecto de las pruebas que existan, no es hacer una revisión de los procesos, es solo definir, de acuerdo con unos criterios, quiénes podrían ser designados a juicio de la comisión para ser presentados esos nombres al presidente”, explicó Velásquez.

Aún así, la decisión no cayó bien del todo. El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, expresó no entender la figura de gestor de paz “porque lo que se habla dentro del decreto es de un vocero. Tendrían que explicarle al país exactamente vocero de quién o de qué y en el marco de qué proceso de paz para que haya mayor claridad. Creo que es una reglamentación que tiene pendiente el Gobierno Nacional”, añadió el fiscal.

Vale la pena destacar que el presidente y el fiscal se reunirán este miércoles en la Casa de Nariño, para discutir principalmente la libertad de varios de estos integrantes. La reunión había sido aplazada el pasado 5 de diciembre, luego de que Barbosa fuera diagnosticado con covid.

También la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, cuestionó que sea una comisión intersectorial la encargada de decidir el nombre de estos nuevos gestores.

“Algo le preocupa a la Procuraduría y es, hasta qué punto la ley le entregó libertad completa al presidente de la República para poder determinar quién es o no vocero que aporte a la conflictividad social”, aseguró Cabello, quien agregó que es el Congreso quien debería reglamentar las características y condiciones que la ley está autorizando, pero no por orden del presidente o de un decreto presidencial.