Mañana se estudiará ponencia que pide formular cargos al presidente Gustavo Petro

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Maritza Martínez, confirmó que mañana se estudiará la ponencia que pide formular cargos a Gustavo Petro y Ricardo Roa, por las supuestas irregularidades en la financiación de campaña. Unos de los escenarios es que se dé la votación de esta.

La presidenta, en la rueda de prensa, dijo que "este asunto es derivado a la investigación por presunta violación de topes de la campaña presidencial del 2022, encontramos que la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes solicitó el expediente por considerarlo de su competencia".

Además, añadió que "sometimos este asunto a la sala de consulta del Consejo de Estado, la cual el pasado viernes determinó que es competencia del CNE adelantar esta investigación, y, por tanto, se reanuda el estudio del asunto desde la próxima sala, que será el día de mañana".

La presidenta recalcó que las posibilidades de que mañana sea la votación son altas, todo dependerá de la postura de los magistrados, sin embargo, el asunto esta en la sala plena de mañana.

Y es que el Consejo de Estado, en un fallo significativo para la supervisión electoral en Colombia, confirmó la autoridad del Consejo Nacional Electoral, CNE, para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Gustavo Petro Urrego y la Coalición Pacto Histórico durante las elecciones presidenciales de 2022.

La decisión, emitida el 23 de agosto de 2024 en Bogotá, subraya el papel regulador del CNE y del Congreso en el escrutinio electoral. Según el fallo, el CNE tiene la plena autoridad para realizar investigaciones administrativas sobre los informes financieros y de gastos de las campañas y puede imponer sanciones administrativas si se encuentran irregularidades. Este fallo refuerza al CNE como un organismo autónomo encargado de la supervisión y regulación de los procesos electorales en el país.

Además, la decisión establece que el Congreso tiene la competencia para decidir, en caso de confirmarse irregularidades graves, sobre la posible pérdida del cargo del presidente de la República. Este proceso, conforme a la Ley Estatutaria 996 de 2005, se llevará a cabo de manera autónoma y proporciona una ruta clara para la responsabilidad política en Colombia.