La Contraloría General de la República decretó la nulidad del proceso de responsabilidad fiscal que se adelantaba en contra del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y dos exsecretarios de infraestructura de su administración, por el presunto detrimento patrimonial que habrían provocado por $18.000 millones.
El contralor delegado, Carlos Alfonso Mayorga, señaló que se levantarán las medidas cautelares que la Contraloría había impuesto sobre algunas personas, consorcios y uniones temporales.
De esta forma, los 18 procesos de responsabilidad fiscal que se adelantaban por este mismo hecho, tendrán ahora trámite ordinario no verbal y seguirán bajo la lupa de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General.
El apoderado del exgobernador Ramos, Oscar Alonso Meneses Valencia, aseguró que “ante esta determinación renuncio a la presentación de cualquier recurso en el término de las nulidades”.
En el mes de abril del año en curso, la Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal, por un presunto detrimento patrimonial superior a 18 mil millones de pesos, contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; los exsecretarios de Infraestructura Física, Mauricio Restrepo Gutiérrez y María Cristina Mesa Zapata; 10 consorcios y uniones temporales que abarcan 20 empresas de obras civiles; y la Fundación para el Buen Gobierno (hoy Fundación Cubo).
La decisión se había originado al verificar, en más de 22 indagaciones preliminares y procesos fiscales, que hubo deficiencias en la planeación contractual, demoras injustificadas en la ejecución de las obras contratadas y adiciones no justificadas, entre otras irregularidades.
Según la Contraloría, en el desarrollo de las indagaciones preliminares que se adelantaron en su momento sobre estos hechos, en las vigencias 2008 a 2010, se presentaron situaciones irregulares en la actuación de funcionarios de la Contraloría, específicamente de la gerencia departamental de Antioquia de esa época, que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, regional Medellín.
El viernes 13 de abril, una vez la entidad reanudó los términos de todos sus procesos fiscales, se inició la notificación de los autos de imputación respectivos, correspondientes a los procesos de responsabilidad fiscal número 032 y 033 de 2008, que abarcan obras de infraestructura de las regiones Oriente y Suoriente Antioqueño.
La Contraloría también había atendido en su momento una solicitud de control excepcional que requirió a la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, la Comisión Sexta del Senado, en referencia a la contratación de obras públicas e infraestructura, incluidas las urgencias viales, desde enero de 2008 hasta octubre de
2010, por parte de la Gobernación de Antioquia, así como la contratación que con recursos públicos hizo la Fundación para el Buen Gobierno
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