Piden medidas jurídicas políticas y sociales para la emergencia carcelaria

Luego de que el Gobierno Nacional anunciara que decretará la emergencia carcerlaria debido a la crisis que afronta el sistema, surgieron las opiniones en contra como la que presentó la Defensoría del Pueblo asegurando que no era suficiente para enfrentar los graves problemas que vive el país. Sin embargo, algunos expertos ven positiva la medida y esperan que se puedan lograr soluciones integrales en los establecimientos carcelarios.

La decisión se tomó en medio de un consejo de ministros, donde el presidente Juan Manuel Santos dijo que avalaba que se declarara la emergencia con el objetivo de acelerar la ejecución de los recursos para solucionar los problemas que vienen presentando los centros penitenciarios. “Esta decisión la toma el Inpec y con el visto bueno del Ministerio de Justicia se va a declarar la emergencia carcelaria para acelerar la ejecución de una serie de recursos que se le van a dar al Instituto, para aumentar su capacidad y solucionar el problema”, afirmó el Mandatario.

El hacinamiento, que ya supera 53,6% y las fallas en la prestación de salud motivaron la medida. No obstante, y de acuerdo con la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, fue el cierre de cárceles por orden judicial lo que terminó por crear una situación sobreviniente que era “imposible maniobrar”.

Según Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, es positivo que el Estado “estrene” estos mecanismos para la situación carcelaria que desde hace varios años demanda atención. “Consideramos que no solo se tiene que dotar de infraestructura sino de una intervención integral del problema”, agregó.

Enfatizó en que el Gobierno debe buscar un plan de manejo que contemple elementos sociales, jurídicos y de políticas que lleven a la protección de los derechos fundamentales de los internos. Además, dijo que se eben buscar soluciones para descongestionar el aparato judicial.

Por su parte, el abogado Julio José Orozco celebró la medida y aseguró que la emergencia le permitirá al Gobierno “obviar trámites engorrosos para invertir recursos y de paso aliviar el problema de hacinamiento”. En este sentido, se habla de que esta política permitiría contratar, sin licitación, $ 168.000 millones.

Así mismo, Billy Escobar, decano de la facultad de ciencias políticas del Politécnico Grancolombiano dijo que están dadas las condiciones para que se decrete una emergencia carcelaria porque el sistema es “deficiente” y no hay cárceles para atender tanta gente. Explicó que “esta decisión permite adoptar mecanismos eficientes al margen de los tiempos tradicionales para solucionar problemas específicos del sistema carcelario”. De ahí la crítica de la Defensoría del Pueblo, que pide declarar emergencia social para que el Gobierno pueda adoptar medidas más generales. Cabe recordar que el pasado 18 de mayo la sala disciplinaria del Concejo Superior de la Judicatura pidió al Gobierno declarar la emergencia carcelaria, debido a las malas condiciones de salubridad y la situación de hacinamiento que viven los internos del país, ya que en algunas cárceles alcanza el 400%. Por esto hay 2600 tutelas en curso.

Por su parte, la Procuraduría General visitó las cárceles Modelo de Bucaramanga, de Reclusión de Mujeres de Bucaramanga y la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Girón -Palogordo-, en respuesta a los requerimientos elevados ante esta Entidad por parte de la población carcelaria y evidenció los problemas de hacinamiento y salud que enfrentan los reclusos.

Pablo Bustos
Presidente de la red a dos líneas
Las medidas que tome el Gobierno Nacional con la emergencia carcelaria deben ser integrales y que contemplen elementos sociales, jurídicos, políticos y de descongestión judicial.