Destituyeron al rector de la Unad por contratar a sus familiares con dinero público

Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) fue destituido e inhabilitado por 12 años. La Procuraduría General de la Nación evidenció que el rector había utilizado sus influencias para nombrar familiares en altos cargos de la universidad y que había utilizado fondos académicos para otorgarlos a sus hijos.

Según el Ministerio Público, Afanador habría incumplido "el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses", porque contrató a Daiana López Leal como directora del Centro de Idiomas, en la sede de La Florida. Según evidenciaron las investigaciones de la entidad, Leal y López tienen parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, es decir, López contrató a su sobrina.

El material probatorio recolectado por la entidad también evidenció que Afanador solicitó a la junta directiva de la Unad en la florida un auxilio educativo de US$8.427 dólares para Germán Posada Pinzón, hijo de la directora ejecutiva de la Unad.

La conducta del rector fue calificada como una falta gravísima, con culpa gravísima para el primer cargo, y como falta grave con culpa grave para el segundo cargo.

La vicerrectora de relaciones internacionales de la Universidad, Socorro Magdalena Pinzón Pulido, también fue inhabilitada. La Procuraduría demostró que "percibió doble remuneración del erario público, al fungir como directora ejecutiva de la Unad en Florida y, a su vez, como encargada de las funciones de vicerrectora de Relaciones Internacionales de la misma universidad".

Aunque Pinzó Pulido devolvió el dinero que recibió por la doble remuneración, esto no la eximió de ser imputada como por el ente de control disciplinario. En segundo lugar se evidenció que la entonces directora ejecutiva contrató, por interpuesta persona, a su hijo Germán Posada Pinzón, como empleado de la sede de la universidad en La Florida.

Las faltas de la exfuncionaria fueron consideradas provisionalmente como grave y gravísima a título de dolo y fue inhabilitada por 11 años para contratar con el estado o trabajar con una entidad pública.

Los imputados están a la espera de presentar un recurso de apelación para defenderse de estas acusaciones.