Procuraduría General admitió una conciliación extrajudicial por el caso Hidroituango

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La Procuraduria General de la Nación admitió la petición de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para adelantar una conciliación extrajudicial con los constructores del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.

De este modo, el Ministerio Público citó a las partes a una primera audiencia para el miércoles 21 de octubre a las 9:00 a.m. Esta se realizaría de manera virtual debido a la contingencia del covid-19.

En tal conciliación se hablará sobre la demanda por $9,9 billones que EPM presentó contra los empresarios que lideran el proyecto hidroeléctrico.

Por ahora se confirmó que se designará un procurador especial con el objetivo de adelantar la conciliación, incluso, no se descarta realizar mesas de trabajo preliminares.

La confirmación del Ministerio Público se da luego de que el pasado 10 de agosto EPM presentara la demanda contra los consorcios detrás de la hidroeléctrica argumentando que que dichas empresas tendrían que subsanar los sobrecostos que ha tenido el proyecto en los últimos años, y los costos de los equipos en la casa de máquinas.

En este momento, la organización emitió una carta dirigida a la Procuraduría delegada para Asuntos Administrativos para la diligencia planteando la situación.

Las partes requeridas son el Consorcio Generación Ituango (Integral - Solingral), a cargo de los diseños del túnel auxiliar y el constructor del megaproyecto, el Consorcio CCC Ituango (conformado por Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A., Conconcreto y Coninsa Ramón H.). Además, el Consorcio Ingetec y Sedic, responsables de la interventora y las empresas aseguradoras: Seguros Generales Suramericana y Chubb Generales Seguros, las cuales tendrían que responder a la empresa.

EPM ha dicho que debido a las divergencias económicas con los mencionados consorcios desde el inicio de la contingencia, y dado que se “han asumido todos los costos causados y estimados”, tuvo la obligación “de poner en conocimiento de las autoridades el detrimento sufrido en la obra estimado en $9,9 billones, correspondientes al daño emergente y el lucro cesante”, referente a la venta de energía, entre otros.

“Hemos estructurado un llamado a conciliación a todas las personas que participan del proyecto Hidroituango, esta conciliación se propuso ante la Procuraduría”, dijo hace unas semanas el gerente general de Hidroituango.

Todo este nuevo proceso en la novela de la construcción de la hidroeléctrica se da luego de que el 28 de abril de 2018 se presentara la contingencia en el proyecto, la cual, cifras estimadas de EPM, han generado sobrecostos por má de $4 billones.

A esto se suma que dos años después, y tras la llegada de una nueva administración a la ciudad y la empresa, en los últimos días se han conocido nuevos detalles que probarían los presuntos errores de diseño y construcción que tuvieron los constructores, interventores y diseñadores.

Este lunes, incluso, La W reveló un nuevo informe de causa raiz, realizado por la firma Advanta, en el que se dice que la causa del colapso del túnel fue “una combinación de problemas no resueltos entre diseños, supervisión y construcción, que hicieron la parte del túnel que colapsó particularmente vulnerable a las condiciones hidráulicas”.

El informe, realizado por Christopher Snee, Luis Guilherme de Mello, Bernad Murphy y Rafael Prieto, para la firma Advanta, explica además que “no se utilizaron en el diseño los valores mínimos “Q” para los tipos de suelo que estaban mapeados (como es el estándar de la industria), sino de unos mayores, lo que resultó en una recomendación de soporte inferior al requerido”.

A los argumentos expuestos, las investigaciones también sostienen que el diseño de los túneles de desviación se habría debilitado. “El refuerzo del túnel se cambió, por lo que el concreto tenía menos resistencia”, dice el documento.

La publicación de este estudio ya ha generado ampolla en diversos sectores de Antioquia y una disputa política entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el exmandatario, Federico Gutiérrez.

Ante las acusaciones de Quintero sobre la presunta responsabilidad de Gutiérrez y Jorge Londoño de la Cuesta, la exjunta directiva de EPM envió una carta en la que desmiente todas las versiones que entrega la actual administración de Medellín.

A través de un comunicado, advirtieron que "no es cierto y son absolutamente falsas, las afirmaciones de Daniel Quintero Calle y Alvaro Guillermo Rendón al manifestar irresponsablemente que la Junta Directiva y la administración de Federico Gutiérrez, conocían el informe denominado Causa-Raíz contratado por su cuenta por la aseguradora".

A renglón seguido, aclararon que "los medios de comunicación han sido asaltados en su buena fe, la ciudadanía ha sido confundida y las autoridades inducidas en error. Las decisiones y el comportamiento del alcalde y el gerente de EPM están creando un ambiente de zozobra e incertidumbre, quien sabe con que propósitos e intenciones veladas, que está generando daños inimaginables, ojalá no irreparables, no solo para EPM sino también para la ciudad y su futuro"

Los efectos de la demanda en el proyecto

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Esta decisión se presentó luego de que el gerente de la empresa, Álvaro Guillermo Rendón, confirmara que el proyecto no entrará en operación este año y que las cuatro unidades iniciales estarían en 2022, una situación que además podría elevar las tarifas de energía.

“Luego de una revisión minuciosa de la documentación en materia jurídica, se identifico que muchos agentes conocieron durante el desarrollo constructivo que había problemas para cumplir el hito de entrada en operación comercial y que las recomendaciones y acciones que se tomaron trajeron consigo un riesgo que condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación”, dijo en su momento Rendón.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que la investigación tomó ocho meses y se determinó iniciar las acciones legales. “Desde el primer día de nuestro Gobierno nos comprometimos a sacar a Hidroituango adelante, y que quienes habían sido responsables de los sobrecostos los asumieran no los ciudadanos a través de sus servicios públicos”, dijo Quintero.