Procuraduría pidió investigar un posible patrón de criminalidad contra civiles en Urabá

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La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una investigación especial para aclarar un presunto patrón criminal en contra de civiles que se estaría presentando en Urabá.

El ente de control alertó sobre el incremento de los asesinatos de civiles en esta región del país por parte del frente 5 de las extintas Farc, y le solicitó a la JEP que investigue los hechos, al considerar que se puede tratar de un tipo de control social, ya que al parecer la mayoría de estos asesinatos se habrían presentado tras acusar a las víctimas de colaborar con el Ejercito o con los paramilitares.

Alonso Pío Fernández, procurador primero Delegado ante la JEP, aseguró que este tipo de crímenes corresponden a un patrón macro criminal, al considerarlos crímenes cometidos en ejercicio del control social y territorial.

“Se debe contemplar la modalidad de homicidio como consecuencia de la estigmatización sobre civiles y el control social, en tanto los relatos de los comparecientes permiten deducir que algunos de estos responden a la escogencia de miembros de la población civil como blancos militares por considerar que su comportamiento de apoyar al enemigo era contrario a la ideología y propósito del grupo armado al margen de la ley”, indicó Fernández.

En una de las declaraciones entregadas por un excombatiente del frente 5, este detalló cómo a partir de un simple señalamiento por parte de otro guerrillero en contra de tres jóvenes indígenas, a los que acuso de colaboradores del ejército, esto bastó para que el comandante guerrillero ordenara el asesinato de los jóvenes.

“En este caso en particular, las víctimas eran estigmatizadas como simpatizantes y colaboradores del enemigo, bien estuvieran “comprobados” o fueran simples “sospechosos”, todo con el fin de evacuar el territorio de personas contrarias a su ideología y propósitos”, concluyó Fernández en su análisis.

Finalmente, la Procuraduría también le pidió a la JEP que investigue y profundice el uso de artefactos de guerra prohibidos por las normas internacionales, como minas antipersonal y diferentes tipos de bombas artesanales, esto con el fin de establecer quién y por qué decidieron utilizar este tipo de explosivos durante el conflicto armado. Este tipo de armamento está prohibido internacionalmente por estar caracterizados por su falta de precisión y producción de graves daños colaterales a la población civil.