Procuraduría radica proyecto de ley para sancionar a funcionarios de elección popular por corrupción

En la Cámara de Representantes se radicó un proyecto de ley que acoge las recomendaciones dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), para sancionar a funcionarios de elección popular por corrupción.

El proyecto que fue radicado por el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, pretende proponer la figura de un juez administrativo que defina la sanción de destitución e inhabilidad general que imponga la Procuraduría por corrupción y violación de los derechos humanos de congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales o ediles.

Esta iniciativa tiene que ver con la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por la cual la Procuraduría en acato con lo ordenado por la Cidh en la sentencia del 8 de julio de 2020, sancionó al Estado colombiano.

Dado esto, el proyecto de ley plantea que las decisiones sancionatorias que resulten de la actuación de la Procuraduría, porque conllevan a una destitución e inhabilidad del servidor, tendrán un control jurisdiccional automático e integral de legalidad antes de producir efectos jurídicos.

Las sanciones estarán sujetas a que el fallo quede en firme y el plazo es de dos meses para que el juez administrativo tome una decisión sobre la sanción impuesta por la Procuraduría y tendrá efecto de cosa juzgada.

Esta iniciativa contempla que, una vez vencido el plazo para proferir un fallo, la autoridad disciplinaria deberá proyectar una decisión en un término máximo de tres meses, de lo contrario se decretará la pérdida de competencia y se reasignará la actuación a otra dependencia.

También propone que en los procesos cuya sanción no implique destitución e inhabilidad general, se continuarán aplicando las normas establecidas en la legislación disciplinaria vigente.

Esta iniciativa, de acuerdo con el Procurador, “acoge un sistema de garantías que en ningún caso debilitará las sanciones expeditas que deberán imponerse a los servidores públicos de elección popular cuando cometan actos de corrupción o incurran en violaciones a los Derechos Humanos”.

Por el contrario, según su declaración, es un régimen legal que reafirma la tradición jurídica de las altas cortes colombianas y que redundará en actuaciones garantistas, efectivas y contundentes

También dijo que este proyecto, si se convierte en ley, “ demostrará que es posible armonizar toda la convencionalidad como sistema integral y avanzar en un camino abierto de interpretaciones sistemáticas y evolutivas de plenas garantías de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y efectivas con las convenciones contra la corrupción”.