¿Cuáles son las consecuencias legales que tiene la revelación de precios de las vacunas por el Consejo de Estado?

El país está a la expectativa ante las afectaciones que puede generar la filtración desde el Consejo de Estado de los contratos de compra de vacunas de covid-19, los cuales se subieron por un “error involuntario” al sistema de información judicial. Los documentos fueron revelados cuando el alto tribunal revisaba una tutela de algunos laboratorios por la confidencialidad de los contratos, y hay que precisar que ya el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había ordenado develar los acuerdos.

El error ha puesto muchas dudas sobre la mesa, por lo que Asuntos Legales consultó con algunos expertos para determinar cuáles son las implicaciones de revelar documentos con un rótulo de confidencialidad.

¿Se suspenderán contratos?

Para Carlos Fernando Guerrero Osorio penalista, consultor y litigante, hay varias razones por las que los actuales contratos de vacunación no pueden ser suspendidos por las farmacéuticas. En este caso, los contratos publicados fueron los de las empresas Pfizer y AstraZeneca. “Las farmacéuticas no van a suspender la venta porque, primero, el contrato pactado no les permite hacer eso. Segundo, a nivel reputacional, el hecho de que una farmacéutica deje de vender por la publicación de unos precios, que ya se sospechaba cuánto costaban, podría estar mal visto”, dijo.

Luz Helena Vargas, asociada directora del equipo de Derecho Sanitario & Farmacéutico de CMS Rodríguez-Azuero, ratificó la opinión del abogado. “No creo que se suspenda la venta porque, independientemente de que los contratos hayan sido publicados, ya fueron ejecutados. Hay unas condiciones pactadas que incluyen un cronograma de vacunación y la responsabilidad de las farmacéuticas en Colombia y en cualquier país. Lo que sí podría afectar sería la ejecución de próximos contratos porque falta adquirir más dosis”, explicó Vargas.

Derechos y cláusulas

En el lío legal que desató el “error involuntario” del Consejo de Estado hay dos conceptos que pueden entrar en pugna: el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y la confidencialidad pactada entre el Gobierno Nacional y las farmacéuticas.

Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que “hay una equivocada interpretación de confidencialidad y los precios podrían levantar la suspicacia de la ciudadanía porque un precio duplica al otro y el Estado debe explicar a qué se debe.

El Consejo de Estado no tiene responsabilidad. Son procesos públicos y las pruebas que lleguen a los expedientes son públicas. El único error del Consejo fue decir que hubo un error”, dijo el exmagistrado, quien agregó: “El Estado no puede ocultar el precio de un contrato, la administración pública es transparente y pública”.

Osorio aseguró que el tema de la confidencialidad entre los gobiernos y las farmacéuticas se da por la negociación en los diferentes países. Sin embargo, sobre el error confesado por el Consejo de Estado, el abogado agregó que “no le correspondía hacer esa revelación porque es el Gobierno quien tuvo que hacerlo. Creo, no obstante, que es un error sin trascendencia sustancial porque los contratos ya deberían estar revelados tras la decisión del Tribunal de Cundinamarca”.

A pesar de la opinión de los expertos, se conoció que el Gobierno Nacional podría demandar a las personas relacionadas con la divulgación de los contratos. Asimismo, el Estado mantiene conversaciones con las farmacéuticas para evitar problemas con las dosis faltantes.