Sanciones a las que se enfrenta campaña de Petro si se comprueba financiación irregular

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Uno de los temas más delicados a los que se refiere el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en los polémicos audios revelados por la Revista Semana, es sobre una presunta financiación irregular por $15.000 millones que habría conseguido de la Costa para la campaña del presidente Gustavo Petro.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, yo hice 100 reuniones (...) $15.000 millones, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, expresó Benedetti. Y agregó que “qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata en la Costa”.

Según los datos aportados al Consejo Nacional Electoral, la campaña presidencial de Gustavo Petro tuvo ingresos por $31.115 millones, de los cuales $19.477 millones fueron en la primera vuelta y $11.638 millones en la segunda.

De esos más de $31.000 millones, $30.500 millones fueron aportados por créditos del sector financiero. No hay reportes de los $15.000 millones a los que se refiere Armando Benedetti.

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"Nadie del gabinete del Gobierno ni directores ni comandantes de la fuerza pública, ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como $15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad", dijo en su defensa el presidente Gustavo Petro.

Sanciones por financiación irregular

Ahora le corresponde a las autoridades investigar este escándalo que se desató el fin de semana, pero en caso de comprobarse una presunta financiación irregular, se enfrentan a penas económicas y hasta de prisión el jefe de la campaña, que en este caso es el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y el mismo presidente Gustavo Petro. Aunque los juzgan entidades diferentes.

De acuerdo con el artículo 396 A de la Ley 1864 de 2017, que habla sobre la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, el gerente de la campaña electoral "que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años".

También enfrentaría una multa de 400 a 1.200 salarios mí­nimos legales mensuales vigentes (de $464 millones a $1.392 millones) y a una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de las penas de cárcel.

Pero no sería únicamente el gerente de campaña quien asuma todas las sanciones. Según la misma ley, en esa misma pena incurrirá el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente que realice la conducta descrita en el inciso anterior. También, el candidato de lista de voto no preferente que intervenga en la consecución de bienes provenientes de dichas fuentes para la financiación de su campaña electoral y quien aporte recursos provenientes de fuentes prohibidas por la ley a campaña electoral.