Se abre un nuevo capítulo en la historia del caso de corrupción de la Refinería de Cartagena

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Ya han pasado más de dos años y medio desde que la Fiscalía iniciara los procesos legales sobre las irregularidades ocurridas en los 12 años de desarrollo del plan de modernización de la Refinería de Cartagena, que ocasionaron sobrecostos superiores a $610.000 millones. Sin embargo, ninguno de los presuntos responsables de uno de los mayores desfalcos del país cumple a día de hoy condena y tan solo el exvicepresidente jurídico de la compañía permanece privado de su libertad.

Hasta el pasado agosto, el expresidente de Reficar, Reyes Reinoso Yánez, tenía detención domiciliaria. No obstante, debido a un vencimiento de términos, por estar más tiempo del que establece la ley cobijado de esta medida, quedó en libertad. De este modo y pese a que en agosto pasado fueron acusados formalmente por corrupción hasta siete personas por haber creado una estrategia para direccionar la contratación y defraudar las finanzas del Estado, en la actualidad solo tiene casa por cárcel el abogado Felipe Laverde. El resto, entre los que se encuentran nombres como el del expresidente de la compañía, Orlando José Cabrales, o el exintegrante de la Junta Directiva, Pedro Alfonso Rosales Navarro, están pendientes de la audiencia de acusación del proceso.

Situación de Laverde
Laverde, quién lleva más de dos años privado de la libertad, también está a la espera, pero de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emita en unos días un fallo que podría dar un nuevo giro a este proceso.

Y es que el Alto Tribunal estudia si el juez de Bogotá que ratificó su medida de aseguramiento violó sus derechos fundamentales al usar pruebas inexistentes, fechas erradas y hasta errores de identidad de personas, como él mismo estableció en la tutela que interpuso en un principio ante el Tribunal Superior de Bogotá, pero que como este la declaró improcedente por no cumplir los principios de inmediatez, acabó posteriormente en la Corte.

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En la tutela se establece que el juez 47 de Bogotá estableció la participación del exvicepresidente jurídico en el escándalo de corrupción de Reficar con base a una serie de casi 40 correos electrónicos que, en realidad, fueron sostenidos por un tal Felipe Castilla, quien para la época de los hechos se desempeñaba como presidente encargado de la refinería y vicepresidente financiero y administrativo (en el gráfico se puede ver una parte de uno de los correos).

De acuerdo con la tutela, Laverde no aparece en ningún momento como destinatario ni como emisor. Al contrario, es la persona de apellido Castilla la que aparece en estos correos que habría adelantado por petición de Reficar las negociaciones con las empresas Chicago Bridge & Iron (CBI) y Technip para determinar cuál se quedaría con la construcción de la ampliación de la refinería de Cartagena.

“Si el juez hubiese llegado a la conclusión de que debía confirmar la medida de aseguramiento, con base en elementos que sí existieron y sin atribuirme comunicaciones ajenas, lo consideraría injusto e inadecuado, pero posiblemente no podría presentar una tutela como la que radiqué. Lo que pido con este recurso, es que se analice de fondo lo que solicité y que no se piense que es una tercera instancia sobre la medida de aseguramiento, sino un reclamo de identidad, propia y probatoria, para que las decisiones que se refieren a mí, se funden en mis conductas -si existiere alguna-, no en conductas ajenas”, reza un apartado de la tutela.

Adicional a ello, en la tutela también se anexaron otras pruebas como que Laverde entró a trabajar el 1 de diciembre de 2009, fecha en la que ya se había tomado la decisión de continuar con CBI o que además fue uno de los funcionarios que más insistió, como vicepresidente jurídico, en demandar a esa compañía frente a los constantes incumplimientos.

Si la Corte entiende que este juez vulneró sus derechos, se podría revisar nuevamente la detención domiciliaria del acusado.

¿Cómo va la investigación?
En agosto pasado, la Fiscalía acusó formalmente a siete personas entre exdirectivos de Reficar y de Ecopetrol por modificar cláusulas contractuales y acuerdos, causando un sobrecosto que duplicó el presupuesto inicial de Reficar y demoró tres años más la entrega del proyecto.

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Entre ellos, están algunos como los mencionados Cabrales, Reinoso y Rosales, además de Carlos Alberto Lloreda, revisor fiscal de Reficar entre 2013 y 2015; Philip Asherman, exrepresentante de la empresa contratista; y Masoud Deidehban, particular representante de empresa contratista. Además, hace unas semanas la Procuraduría sancionó con suspensión de 12 meses a Reinoso por el pago de facturas a la firma CB&I.

En adelante, los acusados están preparando las defensas puesto que el próximo 27 de abril de 2020 se reanuda el proceso en su fase “preparatoria”. Sin embargo, se estima que el fallo final de este escándalo de corrupción tardará unos cuantos años y, de momento, no tiene condenados.

Antecedentes:
Según la Fiscalía, las irregularidades iniciaron con la contratación del proyecto, pues fue asignado a una empresa que no cumplía con los requisitos necesarios para la modernización de la refinería, en referencia a la capacidad técnica, financiera y experiencia constructiva en refinerías completas. No hubo licitación, la adjudicación fue direccionada a pesar de que la compañía favorecida, en anteriores procesos de evaluación realizados por Ecopetrol, fue descartada por no contar con los parámetros.