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Judicial

Corte Constitucional mantiene sentencia sobre el aborto pese a solicitud de nulidad

El Alto Tribunal recordó que la Interrupción Voluntaria del Embarazo es un derecho y el Legislativo debería velar por la garantía del mismo

06 de noviembre de 2019

Luz Karime Grajales Cardona


Colprensa
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Luego de que algunos senadores del Centro Democrático como Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia solicitaran la nulidad de la sentencia emitida por la Corte Constitucional sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el Alto Tribunal decidió mantener su decisión en firme.

La Corte señaló que la sentencia emitida en 2018 da a conocer las causales para que las mujeres puedan abortar y que los congresistas no están legitimados para solicitar la nulidad de la SU-96 de 2018.

De acuerdo con los argumentos expuestos en la determinación, los legisladores no fueron parte dentro del proceso, no estuvieron vinculados en el trámite y no demostraron ser terceros afectados con la decisión.

Por su parte, los senadores expusieron que “como congresistas fueron afectados por la decisión, en tanto esta ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social emitir una regulación única en la cual se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en los casos despenalizados en la sentencia C-355 de 2006, lo cual desconoce la cláusula general de competencia, el principio de libertad de configuración legislativa y las disposiciones constitucionales y legales acerca de la creación de leyes estatutarias y la reserva de ley”.

Además, los congresistas aseguraron que la actuación de la Corte Constitucional vulneró el principio de separación de poderes porque la mención al legislativo, según expusieron, “les indicó cómo o en qué sentido debía legislar”.

El Alto Tribunal resolvió que el exhorto es una invitación al Legislador para que cumpla con su deber constitucional de regular asuntos de relevancia como lo es, el derecho fundamental a la IVE. Además, afirmó que debe ser visto como una colaboración para los fines del Estado y para la garantía y efectividad de los derechos de las personas.

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