Semana de tensión en el proceso penal contra la multinacional Odebrecht

El tema de la Ruta del Sol II y la investigación a Odebrecht tuvieron una semana tensa debido a las múltiples declaraciones que involucran al antiguo controller (auditor) Jorge Enrique Pizano. Meses anteriores a su fallecimiento, el ingeniero declaró, ante un tribunal de arbitramento, que desde 2012 le había advertido a Corficolombiana sobre las irregularidades contractuales motivadas por Odebrecht.

El Grupo Aval y los socios de Corficolombiana declararon que nunca tuvieron conocimiento sobre las irregularidades hasta 2016. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía demostrarían lo contrario. En septiembre, las autoridades realizaron apertura oficial de investigación contra los dirigentes del Grupo Aval y Corficolombiana.

Odebrecht se pronunció frente a las declaraciones del Grupo Aval. Mediante un comunicado de prensa dijo que “resulta cuestionable el comunicado de prensa de esta última (Grupo Aval) en el que afirma que: “rechazamos cualquier afirmación que pretenda señalar que Grupo Aval conoció, antes de diciembre 21 del año 2016, que Odebrecht había efectuado pagos de sobornos para obtener los mencionados contratos”.
Frente a este presunto caso de corrupción contractual en la construcción de la Ruta del Sol II, existen tres procedimientos judiciales cursando.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) encontró que dentro de los contratos de la construcción de esta carretera hubo un posible caso de colusión, que atentó contra el derecho de la competencia de otros proponentes. Bajo orden de la SIC, se suspendió el contrato y se ordenó su liquidación.

El segundo escenario judicial se originó en un tribunal de arbitramento. En esta ocasión, los participantes son Corficolombiana, Odebrecht y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La controversia en este caso busca establecer la forma de liquidación contractual. Las empresas privadas solicitan que les devuelvan el dinero invertido, junto a los intereses. Mientras que la ANI dice que esta cifra es desproporcionada.

El abogado Guillermo Cáez, socio de Cáez Muñóz Mejía Abogados, dijo que “es importante que en este caso se presente un peritaje internacional, para establecer los montos de indemnización claros”.

El último escenario de este conflicto es la apertura oficial de investigación realizada por la Fiscalía contra los miembros de Corficolombiana y el Grupo Aval. El ente acusador busca establecer el grado de responsabilidad que tienen los miembros de la mesa directiva, frente al presunto conocimiento y participación en los sobornos que permitieron a la concesionaria Ruta del Sol II obtener el contrato.

En el desarrollo de estas investigaciones se reveló un audio, donde Jorge Pizano afirmó que el fiscal Néstor Humberto Martínez, conoció sobre estas irregularidades cuando fue abogado de Corficolombiana.

Juan José Castro, socio de Castro Peláez Asociados, afirmó que “si demuestran que hubo dinero de Corficolombiana en los sobornos, las consecuencias serían nefastas para el Grupo Aval”.