Superintendencia de Industria formuló pliego de cargos por cartel en refrigerios PAE

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio a conocer los resultados de la investigación que se adelantó entre 2007 y 2017 contra 10 contratistas, empresarios del sector de alimentos, y 18 personas naturales encaminados a manipular los resultados de 21 procesos de contratación pública en los últimos 10 años, en refrigerios del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá.

Con esta conducta anticompetitiva, los investigados habrían afectado procesos de contratación pública por un presupuesto aproximado de $1,5 billones.

Los contratistas son: Aerodelicias S.A.S., Servicial S.A., La campiña S.A.S., Industrias alimentos y Catering - Catalinsa, Diseral, Fabio Doblado Barreto, Iberoamericana de alimentos y servicios, Proalimentos liber, Alimentos Spress, Cooperativa multiactiva surcolombiana de inversiones Ltda, y la Asociación colombiana de empresas proveedores de alimento (Asoproval).

Al respecto, Pablo Felipe Robledo, superintendente detalló que “las estrategias cartelistas de las empresas, habrían eliminado las presiones competitivas propias de un mercado y, al mismo tiempo, les generó mayores posibilidades de resultar adjudicatarios de los contratos del Programa con precios más elevados, en detrimento de los presupuestos oficiales”.

Algunas de las personas naturales implicadas son Gustavo Enrique Donado, Juan de Jesús Alemán Guerrero, Hayder Mauricio Villalobos, Javier Ignacio Pulido Solano, Juan Carlos Almansa Latorre, Jairo Humberto Becerra Rojas, Stella Téllez Hernández, Germán Trujillo Manrique, Lukas Donado Rangel, Mónica Guasca Caicedo, Diana Lucero Gualteros Jiménez, William Fajardo Rojas y Vilma Alcira Paéz Velasco, entre otros.

Los contratistas imputados, resultaron adjudicatarios de 178 zonas bajo la estrategia de ser proponentes únicos en una determinada zona; aparentar o simular estar compitiendo en otras zonas, pero renunciando a hacer ofertas a la baja (lances a la baja) o inhabilitándose, entre otras estrategias coordinadas y concertadas de manera ilegal como la de desincentivar la competencia de terceras empresas no cartelizadas.

Cuando los investigados se enfrentaban a uno o varios oferentes no cartelizados, los porcentajes de ahorro se incrementaron sustancialmente al punto que se alcanzaron ahorros de hasta de 20%, mientras que en los objeto de imputación el ahorro fue marginal, explicó la entidad en un comunicado de prensa.

El Grupo Élite contra colusiones en licitación públicas de la Superindustria, encargado de liderar la investigación, encontró que los investigados celebraron reuniones, se cruzaron llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, whatsapp y documentos digitales por medio de los cuales coordinaron los acuerdos y las conductas que eliminaron la competencia entre ellos.

“Los implicados, habrían acordado, entre otros asuntos, no presentarse a varios procesos de selección con el objetivo de boicotearlos y que fuesen declarados desiertos dichos procesos de contratación” agregó Jorge Enrique Sánchez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia de la SIC.

Los investigados llegaron incluso a presentar acciones encubiertas de tutela utilizando de manera engañosa a sus trabajadores para solicitar que se cambiaran las reglas de adjudicación alegando un supuesto riesgo de desempleo, cuya labor habría sido orientada y coordinada por Asoproval.

La Superintendencia impondrá multas a los agentes del mercado de hasta $78.124 millones; y a las personas naturales vinculadas con los agentes del mercado que infrinjan la ley hasta $1.562 millones. Contra la decisión de la SIC no procede ningún recurso.