Tensiones entre el Gobierno y Cabello por investigaciones a funcionarios y procesos

Ayer, luego de que el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció buscar una Asamblea Nacional Constituyente a través de un acuerdo nacional que comenzará a andar desde la siguiente semana, la procuradora, Margarita Cabelló, celebró públicamente los 33 años que cumplió la Constitución Política del 91, lo que se suma a a lista de desacuerdos entre Cabello y el Gobierno.

Sobre la constitución, Cabello afirmó que la defenderá desde su cargo para que el país no caiga en “futurologías”. Afirmó entonces que “estaremos articulados para que los servidores públicos de este país acaten, cumplan la Constitución y la fortalezcan. Eso es lo que necesitamos hoy, mirar el presente".

La procuradora además pidió abrir un incidente de desacato en contra del jefe de Estado y el ministro de Minas, Andrés Camacho el pasado 3 de julio con el fin de que el Gobierno cumpla con una orden judicial que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para nombrar a los seis expertos necesarios en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

A lo anterior se suma la inhabilidad que se le aplicó el mismo 3 de julio al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por presunta participación en política durante su mandato en 2022. Si bien, ante el incidente de desacato no hubo pronunciamiento del primer mandatario, sobre la inhabilidad sí.

“La procuradora volvió a infringir la Convención Americana de Derechos Humanos. Ningún funcionario administrativo le puede quitar los derechos políticos a ningún ciudadano de Colombia”, afirmó Petro.

A esta listas se suman otros casos por presuntas irregularidades en programas o contratos celebrados por el Gobierno como el caso del negocio que ejecutó la Imprenta Nacional con la empresa mexicana Accesos Holográficos para la elaboración de las cédulas de extranjería que también se encuentra siendo investigado e involucra directamente a Migración Colombia.

Cabello también ha investigado una licitación por $407.844 millones para instalar internet en escuelas que, de hecho, acaba de ser suspendida por orden del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, tras la advertencia de la entidad de supuestos cambios irregulares en el pliego de condiciones. E incluso sobre la reforma agraria, el ente sostuvo que habría compras irregulares de tierra y que estarían en riesgo casi $137.000 millones.

Ante este tipo de investigaciones el Gobierno ha calificado algunas de estas acciones como una persecución y han afirmado en varias ocasiones que se han presentado recursos jurídicos contra la procuradora por presuntas acciones que favorecerían a cercanos, sectores empresariales y a clanes políticos.