Tutela y facultades de la JEP estarán por fuera de reforma judicial

Seis puntos de encuentro entre las principales cabezas de la Rama Judicial, recibirán a la reforma a la justicia que se radicará en el segundo semestre de este año.

En una mesa técnica convocada por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), participaron varios de los entes de control y representantes del Ministerio de Justicia, para discutir y establecer seis ejes temáticos que deberá tener la reforma para salir adelante en el Congreso.

En la reunión estuvieron el defensor del Pueblo, Carlos Alberto Negret, el procurador Fernando Carrillo, el contralor general Felipe Córdoba y la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares. Sin embargo, las Altas Cortes, el fiscal interino Fabio Espitia y los presidentes de los partidos políticos no estuvieron presentes. Algo que podría avizorar el desencuentro político por la reforma.

En la presentación del pacto, Hernando Herrera, director de la CEJ recalcó que “acá hay unos puntos en común que hemos identificado en un diálogo con distintos actores del sector. Lo importante es poder sacar adelante una reforma judicial que cumpla con las necesidades del ciudadano de a pie”.

Los seis puntos que fueron acordados por los entes de control son: transparencia y publicidad de los procesos; eficacia para reducir los tiempos de atención; seguridad jurídica y fortalecer la cosa juzgada; flexibilizar procesos; incorporar nuevas tecnologías como Big Data o Blockchain para perfeccionar el servicio judicial y un sexto punto para aumentar el presupuesto.

Según datos del sector, la Rama necesita más de $400.000 adicionales para su funcionamiento. El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, dijo que “el país está lejos de cumplir con los estándares internacionales, se necesitan 65 jueces por cada 100.000 habitantes, pero solo tenemos 10”.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, aseguró que “la incidencia de los jueces en territorio es fundamental”. También informó que se han adelantado acciones populares para investigar casos de corrupción al interior del aparato judicial.

Hay dos puntos que no se tocarán por parte de los entes de control y son: los límites en las acciones de tutela y las competencias de la JEP. Sobre este último asunto Patricia Linares dijo que se deben trabajar en mecanismos de cooperación para que no exista superposición de fuerzas judiciales en los casos que conoce la JEP, para que los tribunales “ganen legitimidad en el día a día”.

En cuanto a la acción de tutela, Carrillo dijo que no se debe tocar el mecanismo, pero que se debe revisar la forma en la que se están cumpliendo las sentencias de los jueces y la desatención de las autoridades administrativas para violentar derechos de los ciudadanos.

Otra de las grandes negativas que acordaron los miembros del panel fue al tema de establecer una única corte. Para los representantes de la Rama, esta decisión debilitaría y deformaría el funcionamiento de las estructuras judiciales e investigativas en el país.

Al final, los representantes de la rama firmaron un acuerdo simbólico para llevar a cabo una reforma que sobreviva a su trámite en el legislativo.