Por supuesto, hay más interrogantes que certezas, cuando de un tema tan complejo se trata, y es obvio que un asunto así de espinoso debe ser analizado desde varias ópticas.
La primera: no resulta lógico extraditar a peligrosos narcotraficantes y demás delincuentes, si en los Estados Unidos entregan grandes sumas de dinero y purgan pocos años de prisión. Absurdo que Colombia se quede con los muertos que dejan las actividades ilícitas y los recursos de las mismas vayan a parar al bolsillo del tío Sam. Con ese dinero se podría ejecutar una revolución social sin precedentes en el territorio nacional. Ni que decir de las víctimas de los ilegales: con la extradición de sus verdugos, se van la verdad y la posibilidad de una reparación del daño.
La segunda: el hecho de que la ley no establezca la práctica de pruebas en el trámite de extradición posibilita en mayor grado que se comentan terribles injusticias. El problema no es de la Corte Suprema o del Presidente de la República: la falencia claramente es normativa. Ellos, como funcionarios públicos, deben acatar lo que expresamente la ley determina. ¿Cuál es entonces el miedo del Congreso de promover una reforma que garantice los derechos mínimos de nuestros compatriotas?
La tercera: Es evidente que la cooperación judicial de Colombia con los Estados Unidos históricamente ha sido inmejorable. No ocurre lo mismo cuando es al contrario. He sido testigo de excepción de lo complicado que resulta para las autoridades judiciales colombianas, acceder a un testimonio de colombianos que han sido extraditados y que se encuentran detenidos en cárceles federales del país del norte. Si de lo que se trata, es de pedir a un gringo en extradición, ahí si, es más fácil que al Papa Francisco le pique una culebra.
El proceso del carpintero no es el único: un rosario de equivocaciones le han desgraciado la vida a mucha gente inocente. Viene a mi mente un caso que yo mismo atendí gratis en el 2008. Un muchacho muy pobre de Cali, detenido por una solicitud de extradición. El cargo: pertenecer a una banda de narcos que operaban desde el aeropuerto Bonilla Aragón. Desde que lo vi, supe que era inocente; practicamos un peritaje y determinamos que la voz que aparecía en una de las grabaciones hechas por la DEA y la policía colombiana no correspondía a la de mi defendido; pero la Corte hizo caso omiso: la ley no le permitía evaluar esa prueba. Luego de 10 meses en Cómbita, fue extraditado. 6 Meses después, con la misma prueba que la Corte Suprema de Justicia de Colombia desconoció, su libertad inmediata fue ordenada por un Juez de la Florida.
La conclusión es clara: a Colombia no le conviene la extradición de sus ciudadanos, sean estos culpables o inocentes. No solamente enviamos, como nación, al resto del mundo el nefasto mensaje de que no somos capaces de aplicar justicia en ciertos casos, sino que, además, cuando se extradita a un culpable, el arreglo que este hace con la justicia gringa solo le beneficia a él y a los americanos, y, cuando se extradita a un inocente, la indemnización por el error corre por cuenta de los impuestos que pagamos los colombianos.
Respeto y admiro profundamente a la justicia norteamericana, de lejos con sus errores y excesos, es más seria y ponderada que la nuestra, pero en este asunto es necesario que pensemos en lo que realmente es mejor para Colombia y su gente.
La ñapa I: Santos prometió en campaña no subir los impuestos. Sin embargo, está cocinando un proyecto para aumentar el IVA. Estoy de acuerdo con el Presidente, siempre y cuando él reduzca la “mermelada”, el derroche, la corrupción y la ineficiencia.
La ñapa II: El Presidente se tomó 9 meses para extraditar al narcotraficante venezolano Walid Makled y 24 horas para mandar al cadalso a 3 estudiantes antichavistas.
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